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Recurren ante Comité de DD.HH. de la ONU por 31 víctimas de violencia en macrozona sur

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Por primera vez en casi 28 años de atentados en la macrozona sur, víctimas de la violencia recurrieron al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidades (ONU). Se trata de 31 personas afectadas desde 2006 por múltiples atentados incendiarios, homicidios, desplazamiento forzado y otros hechos de fuerza.

Sumando todas las acciones legales que llevan a cabo ante la justicia, acumulan 223 denuncias y procesos penales. Detrás de esas causas, el sistema de persecución penal no registra ninguna condena.

El caso fue llevado a la instancia internacional por el abogado Pablo Urquizar, excoordinador de seguridad de la macrozona sur, que destaca que sus representados se han visto “afectados directa y gravemente por múltiples hechos de violencia vinculados a la situación de inseguridad” en el sur. Advierte que “esta problemática, de larga data, se ha agravado en los últimos años ante la inacción del Estado chileno y la creciente actuación de organizaciones radicalizadas”, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y la Resistencia Mapuche Malleco, que el Estado no ha logrado desarticular. Este escenario, dice, “ha derivado en una serie de vulneraciones a derechos humanos, protegidos tanto por la legislación nacional como por tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

La contratista forestal Yasna Navarrete es una de las víctimas incluidas en la presentación. Revela que ha sufrido más de 20 atentados. De estos, solo registra una detención y ni una condena.

“Queremos que se obligue al Estado a reconocer que acá existe terrorismo”, dice Navarrete. “Con esto, no buscamos responsabilizar a ningún gobierno en especial, porque para nosotros es un tema estatal”, precisa.

Navarrete agrega que, “a lo largo de gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, nunca se reconoció que en Chile hay víctimas del terrorismo”.

“Agotados todos los recursos internos”

Para recurrir a esta instancia internacional, Urquizar se basó en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y detalla que “este instrumento permite presentar comunicaciones individuales ante el Comité de Derechos Humanos en casos de presuntas violaciones” a las garantías fundamentales. En esa dirección, recuerda que Chile, como Estado parte desde 1992, “reconoce la competencia de este órgano para conocer y pronunciarse sobre estos hechos”.

El abogado recalca que la denuncia está dirigida a que el Comité evalúe la conducta del Estado tanto respecto del Pacto Internacional como de normas contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y apunta a que está acreditado que “los afectados han agotado todos los recursos internos disponibles, sin obtener justicia ni reparación, lo cual habilita la intervención del Comité”.

Navarrete, en tanto, fundamenta que recurrió a esta instancia ante la “inacción” del Estado. “El terrorismo nos ha arruinado la vida, nos ha coartado derechos fundamentales”, reclama, y enfatiza que “me gustaría que se hablara del derecho al trabajo, de la libertad de desplazamiento, porque te cortan un camino y te impiden llegar a donde tenías que ir; y te impiden la posibilidad de invertir en maquinarias o lo que sea, porque te las queman y te cuelgan un cartel”.

Un factor común entre las víctimas es el sentimiento de impunidad que enfrentan, dado que ninguno de los casos cuenta con una sentencia condenatoria, expresa Urquizar.

“La abrumadora mayoría de estas causas han sido archivadas o terminadas sin resultados efectivos, generando en las víctimas una profunda desconfianza en las instituciones y un sentimiento de abandono por parte del Estado”, dice.

“Aquí hay mujeres, personas mayores, jubiladas, agricultores, profesores y distintos oficios, así como personas mapuche y no mapuche, quienes comparten el haber sido objeto de actos de violencia desde 2006 en adelante”, detalla. Entre otras agresiones, da cuenta de homicidios, incendios, robos, usurpaciones de predios, amenazas, e incluso el desplazamiento forzado desde sus viviendas y comunidades.

Reparación y entrega de tratamiento

Urquizar plantea que entre las peticiones específicas que se realizan en la denuncia está el “ordenar al Estado que adecue su ordenamiento jurídico a los estándares internacionales establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile”; como también “instruir al Estado que remueva todos los obstáculos (...) que mantienen la impunidad total, e iniciar o reabrir investigaciones necesarias para individualizar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados”. Pide "ordenar la entrega gratuita, expedita e inmediata de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a las víctimas que lo soliciten”, e “instruir al Estado implementar una estrategia integral de seguridad en las zonas afectadas por violencia y terrorismo que permita prevenir y desarticular grupos criminales organizados”.

Otros puntos son “ordenar la entrega de becas de estudio en instituciones públicas chilenas para los hijos de las víctimas que lo soliciten”; “determinar una indemnización compensatoria por los daños materiales e inmateriales sufridos por las 31 víctimas”, y “disponer la conformación de una comisión de reparación (...) que investigue los casos de violencia en la macrozona sur desde 1997 a la fecha”.

Fuente: El Mercurio