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Amplían a más de $4.260 millones apoyo a víctimas de violencia rural en la macrozona sur
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- Subsecretaría del Interior y Sercotec firman convenio para fortalecer el Programa de Apoyo a Víctimas de la Violencia Rural, destinando más recursos a pymes afectadas.
Desde la Delegación Presidencial de La Araucanía, se hizo un anuncio clave para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que han sufrido el impacto de la violencia rural en la Macrozona Sur de Chile. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la gerenta general de Sercotec, María José Becerra, confirmaron un aumento significativo en los fondos destinados a apoyar la recuperación de las actividades productivas de estas empresas.
El incremento presupuestario alcanza los $4.268 millones, una cifra que busca responder a las necesidades de 666 personas ya atendidas, con una inversión que supera los $20.408 millones. Este esfuerzo conjunto entre la Subsecretaría del Interior y Sercotec se materializa a través de la firma de un convenio que profundiza el alcance del Programa de Apoyo a Víctimas de la Violencia Rural.
Según las estadísticas del programa un 75% de las víctimas atendidas son microempresas, un 22% son pequeñas empresas y un 3% son medianas empresas. La mayoría de las personas se concentra en la Región de la Araucanía (70%) y del Biobío (25%), brindando cobertura además en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
El subsecretario Monsalve enfatizó la importancia de este convenio, destacando que la estrategia de seguridad del gobierno no solo se centra en la persecución penal y el fortalecimiento de las fuerzas de orden, sino también en la reparación del daño a las víctimas. Por su parte, María José Becerra Moro, de Sercotec, anunció que el programa se extenderá este año para incluir a negocios no formalizados, con el propósito de apoyar su reactivación y formalización, permitiéndoles así acceder a la red de fomento productivo y a otros programas estatales de apoyo.
El programa, que se pondrá en marcha durante el segundo semestre, está dirigido a personas naturales o jurídicas, contribuyentes de primera y segunda categoría, que hayan visto afectadas sus actividades por actos de violencia rural.
