Menos delitos y problemas de empleo: el impacto económico tras la caída del robo de madera
El sector forestal del Biobío, uno de los pilares productivos más importantes de la región, enfrenta un complejo panorama económico pese a la notoria disminución del robo de madera en la zona. Aunque la aplicación de la Ley de Robo de Madera y una mayor coordinación entre instituciones públicas han logrado prácticamente erradicar este delito, la industria regional se mantiene en crisis por el cierre sostenido de aserraderos y la falta de abastecimiento de materia prima.
De acuerdo con datos del Instituto Forestal (Infor), en los últimos cinco años cerca de 200 aserraderos han bajado la cortina a nivel nacional, cifra que equivale a más de un 25% del total existente. La región del Biobío, donde se concentra gran parte de las plantas y pymes forestales del país, es la más afectada. Solo entre 2020 y 2023, unas 20 instalaciones cerraron definitivamente, dejando tras de sí cientos de personas sin empleo.
Una disminución drástica del delito
René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), asegura que el robo de madera ya no representa la amenaza que fue hace apenas unos años.
“Nuestra percepción es que ha bajado de manera sostenida e importante; ya no es un delito que resalte dentro de los temas de seguridad del sector. Si comparamos con el 2022, que fue el peak, cuando se hablaba de más de 100 millones de dólares en pérdidas anuales, hoy estamos frente a reducciones de hasta un 90 o 95%. Ya no es un delito relevante, es marginal”, señala.
Muñoz atribuye este cambio a la efectiva aplicación de la Ley de Robo de Madera, promulgada en 2022, la cual “ha tenido un efecto disuasivo en las bandas criminales que operaban en la zona”. Según explica, la coordinación entre el Servicio de Impuestos Internos, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Tesorería General de la República y otras instituciones públicas permitió un seguimiento mucho más estricto de la cadena de producción, transporte y comercialización de la madera.
“No diría que el sector está más vigilado, pero sí más seguido. Las autoridades se coordinaron en torno a la información de fletes, explotación y manejo de los bosques. Todo eso ayudó a cerrar espacios al delito”, agrega el dirigente.
Sin embargo, Muñoz advierte que esta mejoría en seguridad no ha significado una recuperación del rubro. “El sector forestal está atravesando una crisis profunda relacionada con la seguridad, con los mercados y con las adecuaciones internas de las empresas. La actividad se ha reducido y eso ha impactado directamente el empleo, su calidad y el desarrollo productivo regional”, enfatiza.
Un efecto dominó tras los incendios
La crisis actual tiene raíces más profundas que la delincuencia. Para los representantes del sector, la escasez de madera es el factor estructural que mantiene en jaque a las pymes forestales. El déficit de abastecimiento se arrastra desde los grandes incendios de 2017, los que, según Muñoz, “produjeron un déficit de madera que iba a durar al menos 15 años”. A ello se sumaron los siniestros de 2023, que devastaron nuevamente miles de hectáreas de plantaciones productivas.
“El daño fue enorme y afectó principalmente a los pequeños aserraderos, que se abastecen de distintos propietarios. Muchos pequeños dueños perdieron su patrimonio en los incendios, y eso genera un efecto dominó que golpea a contratistas, transportistas y trabajadores”, advierte.
Muñoz también sostiene que la mantención del Estado de Excepción en algunas zonas del Biobío ha contribuido a mejorar la seguridad, aunque considera que su importancia radica hoy más en la prevención de incendios que en el combate al robo de madera.
“Los incendios intencionales son responsables de más del 60% de los siniestros actuales. El Estado debe reforzar la prevención y mejorar la persecución penal, porque solo un 3% de los culpables de incendios intencionales termina condenado”, subraya.
El aporte de la autorregulación
Desde la industria también destacan que la baja en los delitos se debe a una autorregulación progresiva de los propios actores forestales. Alejandro Casagrande, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) Biobío–Ñuble, explica que a partir de 2021 el sector implementó sistemas internos de trazabilidad para garantizar el origen legal de la madera.
“En esos años no se podía entrar a muchos predios, se robaban la madera y había un problema grave de seguridad. Se estableció entonces un sistema donde los compradores verificaban que la madera proviniera de predios legales, usando un software que permitía trazar camión a camión y verificar su destino. Eso marcó una diferencia”, afirma.
Con la promulgación de la Ley de Robo de Madera, añade Casagrande, la fiscalía y las policías obtuvieron mayores facultades para perseguir y sancionar a las organizaciones dedicadas a este delito.
“Aparecieron casos mediáticos donde se descubrieron verdaderas redes criminales. En algunos figuraban aserraderos involucrados, pero como en todos los rubros, donde hay robo, hay quien compra. Si lo hicieron con conocimiento o fueron engañados, eso debe determinarlo la justicia”, aclara.
Escasez y cierre de aserraderos
El dirigente gremial coincide con la preocupación por el cierre masivo de aserraderos, aunque puntualiza que el problema principal no es la fiscalización, sino la falta de madera disponible.
“Los bosques y plantaciones productivas en Chile han ido disminuyendo. Entre los incendios de 2017 y 2023 se quemaron entre 500 y 600 mil hectáreas. Eso genera un déficit que se empieza a sentir tres o cuatro años después, cuando ya no se puede aprovechar la madera quemada”, explica.
Casagrande señala que esta situación afecta tanto a las grandes empresas como a las pymes, aunque estas últimas son las más vulnerables. “Los pequeños aserraderos dependen de la compra de bosques a terceros, y si esos bosques desaparecen, no tienen cómo continuar. Muchos terminan quebrando o cerrando temporalmente”, sostiene.
La consecuencia más visible es la caída del empleo forestal. Según estimaciones del gremio, los despidos acumulados en el sector durante los últimos años superan varios miles de puestos directos e indirectos, especialmente en comunas como Nacimiento, Mulchén, Curanilahue y Yungay, donde el rubro representa una parte sustancial de la actividad económica.
Fuente: Diario Concepción
