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Industria forestal en la mira: 6 de los 8 atentados que han ocurrido en diciembre han sido contra este sector

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Desde el origen de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y de los grupos radicales que operan en el sur, hace casi 30 años, se encargaron de apuntar a la industria forestal como uno de sus principales objetivos. Tanto que en 2019 la CAM lanzó un libro en el que describen sus “acciones incendiarias” y admiten que se trata de “sabotajes” dirigidos fundamentalmente contra las empresas forestales, “planificadas” y ejecutadas por grupos reducidos con “con mayor preparación político-militar”.

Y si bien la acción de los grupos radicales se ha visto disminuida desde la entrada en vigencia del estado de excepción, este mes de diciembre ya suma ocho hechos violentos, seis de los cuales han estado dirigidos contra la actividad forestal.

A comienzos de diciembre, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) denunció un incendio intencional en un bosque de Forestal Arauco, a esto se suma la quema de tres vehículos dedicados a esta actividad, que fueron incendiados en las vías entre el 11 y el 20 de diciembre. Mientras que en la semana que acaba de concluir, el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero registró la quema de tres camiones en Nueva Imperial, así como el ataque a brigadistas forestales que estaban realizando labores preventivas en Curanilahue.

La Asociación de Contratistas Forestales A.G. (Acoforag) informó que presentaron una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el incumplimiento del Convenio 187, acerca del Marco Promocional para la Seguridad y la Salud en el Trabajo por parte del Estado de Chile. El recurso fue presentado el 15 de julio de 2025 y el 22 de diciembre la OIT acogió la reclamación.

“Es deber de esta Asociación asegurar que el estado de Chile cumpla con los convenios que suscriba y, en forma prioritaria, velar porque las condiciones en que los trabajadores forestales laboran sean seguras y no estén expuestos a ataques violentos que pongan en riesgo su integridad física y psíquica, tal como sucede hoy día en la Macrozona Sur”, plantean en un comunicado.

René Muñoz, gerente de Acoforag, dice a el Líbero que en 2024 y 2025 han sufrido el mismo número de atentados: 26 en cada uno de estos años. El año pasado les destruyeron 91 equipos y este año la cuenta va por 72.

Sobre las motivaciones para presentar esta reclamación señala que “lo que nosotros esperamos es que finalmente el Estado entienda que hay que cumplir los convenios que uno suscribe. Eso pasa porque la política de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser consensuada, tiene que ser una política realista y que se aplique. Hoy día nosotros no vemos que el Estado garantice la seguridad de los trabajadores y de los contratistas forestales. O sea, no hay herramientas que nos garanticen eso. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Que el Estado nos garantice que podemos trabajar libremente en un ambiente de tranquilidad y que no se esté en el fondo atentando con la vida y la salud de los trabajadores”.

En entrevista con El Líbero, el presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan, afirmó que “hemos visto en las temporadas pasadas que disparan a los helicópteros, brigadistas que han sido amedrentados cuando van camino a su faena y eso realmente es una situación inaceptable. Además de lo ocurrido en Curanilahue, atacaron un camión aljibe de Bomberos en la Región del Maule, que fue apedreado mientras se dirigía a recargar agua para continuar el combate de un incendio. Los brigadistas son personas que ponen en riesgo su vida día a día para poder salvarnos a nosotros y que esta gente tan inmoral vaya y los ataque cuando van a sus tareas es realmente inaceptable”.

Atentados

Un violento atentado incendiario se registró la tarde del 23 de diciembre en el sector rural Peleco Catrianchi, en el límite entre Nueva Imperial y Chol Chol, Región de La Araucanía, donde encapuchados armados intimidaron a trabajadores forestales y quemaron tres camiones.

Según la Fiscalía, el ataque ocurrió alrededor de las 17:20 horas y afectó a vehículos pertenecientes a la empresa Forestal Probosque Ltda., que realizaba labores de carga de madera en el lugar. Dos sujetos a rostro cubierto, portando armas de fuego largas y vistiendo ropa de tipo mimetizada, obligaron a los conductores a alejarse, les sustrajeron teléfonos celulares y luego rociaron los camiones con un líquido acelerante para prenderles fuego.

Durante la huida de las víctimas se escuchó al menos un disparo, aunque los trabajadores lograron refugiarse en un lugar seguro y no se registraron personas lesionadas. En el sitio no se encontraron pancartas ni elementos reivindicatorios.

Atacan a brigadistas forestales en Curanilahue

El otro episodio de violencia que registró el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero ocurrió en la madrugada del jueves 25 de diciembre en la comuna de Curanilahue, Región del Biobío, donde una brigada nocturna de la empresa Arauco fue interceptada y amenazada por un grupo de encapuchados mientras realizaba labores de patrullaje preventivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 horas en las cercanías de la Reserva Los Ríos y afectó a la brigada BA-729, compuesta por trabajadores de la contratista Working on Fire. Según los antecedentes recabados, seis sujetos a rostro cubierto, portando palos y fierros, se posicionaron al frente y a los costados del vehículo en que se desplazaban los brigadistas, con la intención de obligarlos a detener su marcha. Ante el riesgo, el personal redujo la velocidad y luego aceleró para abandonar rápidamente el lugar, evitando que el ataque se concretara.

Producto de la rápida reacción del equipo no se registraron personas lesionadas ni daños a los equipos, y la unidad logró regresar a su base. Posteriormente, la empresa denunció lo ocurrido ante Carabineros de Chile, activándose un operativo policial en la zona. Desde el Gobierno se indicó que una de las hipótesis que se investiga es el robo de madera para leña en el sector, lo que explicaría el intento de amedrentamiento.

Gobierno presenta proyecto de ley para reparar a las víctimas de violencia

En otro hecho a destacar, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que establece un marco legal para el reconocimiento, calificación y reparación de las víctimas de violencia en “el contexto del conflicto intercultural y territorial en la zona sur del país”.

La iniciativa responde a una de las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, para abordar los hechos ocurridos desde 1990 a la fecha, en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

A través de un comunicado informaron que “el proyecto propone la creación de una comisión encargada de calificar la condición de víctima, la implementación de un programa responsable de coordinar y ejecutar acciones de atención, acompañamiento y reparación integral, y el establecimiento de un catastro oficial para inscribir a quienes sean calificados como tales por la instancia técnica”.

El proyecto, explican, “define el concepto de violencia y amplía su alcance más allá de hechos tradicionalmente asociados a la denominada violencia rural, incorporando también expresiones de violencia institucional, así como impedimentos a la libre circulación y desarrollo de actividades educacionales, económicas, religiosas o espirituales. Estas manifestaciones se fundamentan en los diagnósticos tanto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), como los emanados por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento”.

La iniciativa comenzará su tramitación en el Senado.

Fuente: El Líbero