Noticias

Gremios del sur rechazan decisión del Gobierno de expropiar terrenos de toma de San Antonio y temen incentivo a usurpaciones en “Zona roja”

Sponsors

Su rechazo al anuncio realizado el martes por el Gobierno en cuanto a que expropiará 100 hectáreas de los terrenos de la megatoma de San Antonio (ver nota en la página C 1) expresaron dirigentes de los sectores productivos de la macrozona sur. En regiones que han sido por años golpeadas por usurpaciones de predios agrícolas y forestales, entre otras propiedades privadas, la decisión del Ejecutivo fue recibida con preocupación frente al incentivo para nuevas ocupaciones ilegales de terrenos.

“Aunque está en la salida de su mandato, el Gobierno no deja de sorprender. Le quedan tres meses y toma una decisión que va en contra de un pronunciamiento judicial”, argumentó René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales.

Cien mil hectáreas de bosques usurpadas

Expuso que “es una muy pésima decisión tanto para quienes hacen la fila para postular a una vivienda como para las áreas productivas del país. En nuestro caso, como sector forestal, sufrimos de usurpaciones que están hace bastante tiempo" y detalló que “según cifras del Infor (Instituto Forestal), son cien mil hectáreas las que se encuentran tomadas, dentro de la macrozona sur".

Dentro de esa superficie, según confirmó el representante de los contratistas, se cuenta el predio forestal Pidenco, en la comuna de Lumaco. Ese terreno, de casi 2 mil hectáreas, está ocupado ilegalmente por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Allí, además, se encuentra sepultado Pablo Marchant, activista de ese grupo radicalizado, muerto en julio de 2021, durante un ataque armado a una faena forestal en Carahue.

El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, dijo que “es una muy mala señal, que no solo está dirigida a quienes viven en la toma de San Antonio, sino que tiene un alcance nacional e impacta en todo el país”. Aseguró que “luego de esta decisión, ¿quién podría pensar que no hay un claro incentivo para tomarse terrenos? porque ya quedó el precedente de que el Estado va a salir a expropiarlos para entregarlos a los usurpadores”.

Además, recordó que en La Araucanía persisten alrededor de 20 mil hectáreas de suelos agrícolas que se encuentran tomadas por organizaciones radicalizadas. “Esta medida también es mala porque es una falta de respeto al Estado de Derecho, no se respetó la propiedad privada, no se actuó a tiempo y se está incumpliendo un fallo de la Corte Suprema que ordena el desalojo”, recalcó Naveillán.

“Expropiaciones no son para problemas de particulares”

A su vez, Patricio Santibáñez, timonel de la Multigremial de La Araucanía, que reúne a seis gremios productivos, calificó la opción de expropiar como una “lamentable decisión, que, de alguna manera, vulnera el Estado de Derecho”. Dijo, asimismo, que “las expropiaciones para resolver problemas entre particulares no son una práctica que corresponda, ya que vulnera la ley y se premia a quienes infringen la ley”. Manifestó sus expectativas respecto de que “el criterio del próximo gobierno sea distinto”.

Santibáñez recalcó que “no es una buena solución la expropiación para este tipo de casos, ya que es una herramienta pensada para situaciones en que está en juego el bien común de los ciudadanos, para la construcción de carreteras y obras de infraestructura y no para enfrentar los conflictos y demandas particulares y menos si se está transgrediendo la ley”.

Frente al riesgo de que las usurpaciones que se encuentran activas en la macrozona sur deriven en nuevas expropiaciones, el representante de los gremios abogó para que “las futuras autoridades descarten la opción de expropiar, cumplan la ley y desalojen a quienes ocupan ilegalmente los terrenos”. De igual modo, remarcó que “en la macrozona sur no solo las usurpaciones impiden la actividad productiva, también la violencia provoca que muchos propietarios tengan abandonados sus predios ante la falta de certeza jurídica” y añadió que “necesitamos que todos estos predios se pongan a trabajar y que no se siga vulnerando el derecho de propiedad”.

Fuente: El Mercurio