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Retraso en la Ley de Incendios: Acoforag advierte graves vacíos y falta de responsabilidad estatal

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El debate en torno a la nueva Ley de Incendios continúa tensionando la agenda legislativa. Parlamentarios de oposición han cuestionado el prolongado retraso en la tramitación del proyecto, mientras distintos actores del sector forestal advierten que la normativa sigue detenida debido a falencias estructurales que aún no se resuelven.

Uno de los críticos más directos ha sido René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), quien afirmó a VerticeTV que el proyecto “duerme en el Congreso” porque asigna responsabilidades inapropiadas y deja fuera aspectos esenciales para la prevención y control de emergencias.

Responsabilidad desproporcionada en propietarios

Muñoz sostuvo que la propuesta legislativa “hace responsable de los incendios a los propietarios de bosques o predios”, deslindando en ellos el inicio e incluso el control de los siniestros. A su juicio, esto equivale a restar al Estado su papel central en la gestión de emergencias, pese a ser el único actor con “los medios y capacidades para enfrentarlas integralmente”.

Además, adviertió que los pequeños propietarios no cuentan con los recursos para cumplir con las exigencias de prevención contempladas, como la reducción de combustible vegetal o las medidas de mitigación. “Se les pide algo que no pueden cumplir”, enfatizó.

Falta de referencias a la intencionalidad

Otro de los puntos críticos que subrayó Muñoz es la ausencia de mecanismos para abordar la intencionalidad de los incendios, un fenómeno que —según afirma— corresponde a entre 50% y 60% de los siniestros ocurridos desde Biobío al sur. “Hay cero referencia a la persecución de quienes provocan estos incendios. Es una gran falencia del proyecto”, señaló, enfatizando que una ley de este tipo debe contemplar herramientas de investigación y sanción efectivas.

Sin claridad sobre la reposición de áreas quemadas

Muñoz también indicó a VérticeTV que el texto legal no define cómo se repondrá el bosque perdido tras un incendio. “No se trata de dejar un predio quemado y abandonado. La ley debe establecer cómo se recuperará lo destruido”, agrega. Aunque algunos plantean que este aspecto podría abordarse en un futuro proyecto de deforestación, dicho avance tampoco se ha concretado.

Desde el gremio forestal señalaron además que el proyecto no detalla qué aportes realizará el Estado para reforzar la prevención en periodos de alto riesgo climático. Cuestionan la falta de definición respecto de la prevención policial o un eventual despliegue de Fuerzas Armadas en días críticos.

“Son conceptos que deben incorporarse y que hoy están fuera. Pareciera que, de manera casual o intencionada, el Estado está dejando fuera responsabilidades que son fundamentales”, adviertieron.

Con los graves daños que han dejado los incendios forestales en los últimos años, crece la presión política y social para corregir y acelerar una ley considerada urgente. Mientras la discusión se prolonga, Muñoz y otros actores del sector insisten en que la normativa debe equilibrar responsabilidades, fortalecer la prevención y garantizar la reposición de las áreas afectadas. “El país no puede seguir esperando”, concluyó.