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Estado de excepción cumple 3 años en Macrozona sur y expertos dicen que debe incluir “política integral”

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Este sábado se cumplen tres años de aplicación ininterrumpida del estado de excepción de zona de emergencia en 53 comunas de Biobío y La Araucanía, una iniciativa implantada para abordar los graves hechos de violencia.

La medida, que requiere consulta al Congreso Nacional, suma 56 prórrogas en ambas cámaras.

De cara a la campaña electoral, analistas consideran que, junto con el consenso que ha tenido su aplicación, el tema debe ser parte de un acuerdo nacional y de una política integral en contra de la violencia y el terrorismo.

“Acá es necesario consensuar que existe violencia y terrorismo en la macrozona sur, y, por lo mismo, la primera medida que debiera producirse es un pacto político que rechace este tipo de acciones”, destaca Pablo Urquizar, excoordinador de seguridad de la macrozona y responsable del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la U. Andrés Bello.

Agrega que, “una vez que todos tengan ese mismo diagnóstico, hay que enfrentar la situación de esa zona con una política de Estado, que sea independiente al gobierno de turno”.

El abogado afirma que un acuerdo político “tiene que tener como base que la violencia y el terrorismo afectan los derechos fundamentales y a la democracia, porque utiliza la fuerza como acción política”.

Resalta que “el estado de emergencia ha reducido los hechos de violencia y ha aumentado los detenidos de orgánicas radicalizadas y terroristas”, y que “a partir de la necesidad de su mantención se ha generado un debate que derivó en un ambiente con consecuencias positivas”.

Urquízar afirma que la dictación le leyes relacionadas con este tema han demostrado “la unidad de acción del Estado” y enumera la promulgación de normas contra el crimen organizado, sobre robo de madera, de usurpación, que crea el Ministerio de Seguridad y la que persigue los delitos terroristas.

Con todo, advierte que “no basta con el estado de excepción, se necesita una estrategia integral contra la violencia y el terrorismo, que aborde el problema desde la prevención, la protección, la persecución y la reparación a las víctimas”, tal como lo establece la ley del Ministerio de Seguridad.

Crear un mecanismo de apoyo

Para Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior e investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la U. San Sebastián, “en Chile existe una realidad que ha sido asumida por la ciudadanía y por los parlamentarios: las fuerzas policiales no son suficientes para controlar la situación de violencia en la macrozona sur y hubo que recurrir a las Fuerzas Armadas”.

Recalca que “si eso se va a normalizar e instalar como una forma, lo que corresponde ya no es un estado de excepción, sino que un mecanismo de apoyo a este tipo de situaciones”, aludiendo a medidas que configuren una política permanente para resguardar esa zona. Harboe aboga para que los candidatos “aborden este tema buscando soluciones de fondo y de carácter permanente”.

Fuente: El Mercurio