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Tribunal acoge querella por atentado en central Rucalhue que invoca nueva Ley Antiterrorista
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El 20 de abril recién pasado, un atentado incendiario afectó a las dependencias de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, emplazada en el límite entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco.
En aquella oportunidad, más de 50 vehículos resultaron quemados a consecuencia del accionar de al menos 12 encapuchados.
Además, dos guardias de seguridad que prestaban servicios en dichas instalaciones fueron amenazados y golpeados por quienes estarían detrás de este hecho.
En este contexto, la medida fue presentada el martes 13 de mayo de 2025 y fue declarada admisible durante la jornada del jueves recién pasado por el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara, lo que marca el inicio formal de la investigación judicial.
Según el contenido de la querella, los agresores ingresaron portando escopetas y presuntamente fusiles de guerra, y atacaron violentamente a los guardias de seguridad que resguardaban el recinto.
"Los redujeron, los arrojaron al suelo, los amenazaron de muerte y exigieron que entregaran armas e información", explicó la abogada Camila Jara, quien -junto a Rocío Morales y Pablo Galarce- redactó el documento legal.
La querella relata que uno de los guardias fue víctima de un intento de homicidio frustrado, que solo fue evitado por la intervención de su compañero.
Mientras que este último sufrió lesiones graves al intervenir y evitar una tragedia mayor, su compañero resultó con secuelas psicológicas de consideración que, actualmente, lo tienen con tratamiento psicológico.
Una de las particularidades de esta querella es que fue presentada no solo en nombre de las personas afectadas, sino también de la empresa de seguridad Mira.
Según explicó Morales, esto es posible gracias a una disposición del Código Procesal Penal que permite interponer querellas en delitos terroristas bajo una especie de acción popular, incluso si el querellante no es directamente afectado.
DELITOS IMPUTADOS: TERRORISMO, HOMICIDIO FRUSTRADO, AMENAZAS Y LESIONES GRAVES
La querella solicita que se investiguen cuatro delitos. El primero dice relación con la asociación terrorista, vinculada a la organización y ejecución del atentado con fines de generar terror en la población. Es el punto central de la querella y se basa en la nueva Ley Antiterrorista, vigente desde febrero de 2025.
El segundo ilícito hace alusión al de homicidio frustrado, por el intento de asesinato de uno de los guardias, que se evitó solo gracias a la intervención de su colega.
El tercero dice relación con el delito de lesiones graves, a raíz de las agresiones físicas sufridas por uno de los guardias y el trauma psicológico en el otro.
El último, en tanto, es el delito de amenazas condicionales, luego de que los agresores exigiesen cooperación bajo amenaza directa de muerte, con armas apuntando a sus cabezas.
En este contexto, Pablo Galarce destacó que ésta es una de las primeras causas en las que se invoca la nueva Ley Antiterrorista chilena, promulgada en febrero de 2025 y está orientada a combatir con mayor eficacia los delitos organizados que buscan generar miedo en la población.
"Antes no teníamos herramientas legales tan específicas; ahora, el Estado puede actuar con más fuerza. Esta ley permite penas más altas y facilita la persecución penal de estos hechos", explicó.
Además, señaló que a esta querella se suma a otra previamente presentada por el nuevo Ministerio de Seguridad, lo que refuerza el peso institucional del caso.
Según Morales, este atentado marca un punto de inflexión. "En Chile, antes veíamos el terrorismo como algo lejano, propio de otros países. Pero ahora está aquí y está afectando a nuestra población civil y laboral", enfatizando la necesidad de que estos hechos no queden impunes.
Desde el estudio jurídico, el mensaje es claro: buscan que los responsables sean procesados y condenados con el máximo rigor de la ley, tanto por la afectación material como por el daño humano causado.
Fuente: La Tribuna
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