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Preocupación de gremios ante falta de unanimidad en informe final de Comisión para la Paz

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Preocupacióm expresó la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) junto a otros gremios por el informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.

La madrugada del jueves, cerca de las 2:30 horas y de forma telemática, finalizó la última sesión de la instancia, compuesta por ocho integrantes. Conectados a una cita gestionada desde La Moneda por Víctor Ramos, subsecretario del Interior y secretario ejecutivo de la comisión, debieron votar cada uno los 22 puntos del acuerdo, logrando 87% de aprobación. El voto en contra del presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, evitó la unanimidad. El dirigente votó seis puntos favor y 16 en contra.

Se espera que el martes a las 10:30 horas la comisión entregue su informe al Presidente.

“Señal de alerta”

La falta de unanimidad fue criticada por la CPC a través de su presidenta, Susana Jiménez, quien valoró el esfuerzo realizado, pero apuntó a que no se logró el objetivo de obtener una solución a largo plazo.

“Se ha informado que la comisión no logró la unanimidad de sus miembros debido a legítimas diferencias en algunas conclusiones y propuestas. Conforme a lo estipulado por la propia comisión, esta falta de unanimidad en materias relevantes implica que el documento no puede ser aprobado, lo que significa que no se logró el objetivo buscado de consolidar una solución de largo plazo al conflicto de tierras y establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche”, aseguró la representante.

Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, apuntó que “la misma comisión se había autoimpuesto la unanimidad, y por lo tanto hubiera sido mejor que se alcanzara”. Agregó que “hay cosas positivas, pero estamos seguros de que hay cosas que son debatibles, por ejemplo los montos”.

Y el presidente de la Sociedad de Fomento de Temuco (Sofo), Roberto Heise, afirmó que “un representante de los agricultores no haya votado a favor, sin duda que es una señal de alerta”. Punto secundado por Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultores: “Hubo temas sensibles que generaron división y el hecho de que Sebastián Naveillán, presidente de los Agricultores de Malleco, no haya firmado, nos preocupa”, aunque valoró el esfuerzo realizado.

Una posición distinta tiene Hugo Alcamán, presidente de la corporación mapuche Enama, quien se alegra por el acuerdo y sostiene que “el solo hecho de que siete de los ocho comisionados estuvieran completamente de acuerdo (...) quiere decir que el documento es contundente”.

Por su parte, el exdirector de Conadi Domingo Namuncura, quien había señalado previamente que si el informe nacía con “fórceps y dificultades importantes”, sería una derrota para el Gobierno, ahora dijo que “lo miraría en términos positivos (...) como es uno entre ocho, lo que tiene más peso es que siete comisionados suscribieron”.

240 mil hectáreas

Sebastián Naveillán explicó que “cedí en varias cosas, creo que había cosas que se podían lograr, y se lograron.

Pero explicó que “rechacé todo lo relativo a tierras, porque su redacción actual pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria, genera incertidumbre jurídica, y, en los hechos, hipoteca el futuro del sur y de todo el país”.

“El texto impulsado propone entregar 240 mil hectáreas de tierras como reparación territorial. Se afirma que 100 mil hectáreas provendrían de terrenos fiscales, pero no hay ningún documento técnico ni registro oficial que lo respalde. Es más, existe una alta probabilidad de que esas tierras estén ubicadas en parques nacionales, zonas limítrofes con Argentina o sectores estratégicos, lo que representa un riesgo geopolítico”

Precisó que el documento “abre la puerta a demandas judiciales y posibles reclamaciones internacionales por no garantizar lo prometido. Se genera así un derecho no declarado, pero sí exigible, que perpetúa el conflicto en lugar de resolverlo”, y que “no existe un informe financiero del Ministerio de Hacienda que certifique la viabilidad de lo propuesto. Se calcula que el costo sería cercano a los US$ 4 mil millones, considerando un mínimo de 10 hectáreas por familia, a un valor promedio de $7 millones por hectárea. Eso equivale a al menos $70 millones por familia beneficiada”.

“Autoexigencia muy alta”

La senadora Carmen Gloria Aravena, explicó que la exigencia de la unanimidad “nunca fue parte del decreto de creación de esta comisión”. Y añadió que después de dos años de trabajo, “estoy contenta de los resultados en términos de que lo que nos pidió el Presidente”, como el catastro de tierras, ley de víctimas, que según dijo “está 100% desarrollado”.

Acotó: “Lo que él (Naveillán) plantea es legítimo, pero creo que es mucho mejor de lo que hay hoy día”.

El copresidente de comisión, Francisco Huenchumilla (DC), planteó que “nos pusimos una autoexigencia muy alta, porque normalmente en los procesos democráticos la unanimidad no existe (...). A partir de esa alta exigencia logramos un resultado óptimo, que es 7 a 1, por lo tanto, hemos cumplido esa tarea. Ahora le corresponde al Ejecutivo y a los partidos tomar una decisión sobre el trabajo que hicimos”.

Fuente: El Mercurio