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René Muñoz (Acoforag): “No puede haber un saco roto de demandas de tierras sin cláusula de cierre”

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Con el reciente cierre de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, uno de los puntos más sensibles que comenzaron a generar reacciones en el mundo empresarial es la propuesta relacionada con el sector forestal. Las recomendaciones, dadas a conocer en abril de este año, incluyen el diseño de un “nuevo marco de entendimiento” entre las comunidades mapuche y la industria forestal, lo que ha sido recibido con atención, pero también con inquietud por parte de actores clave del rubro.

Entre ellos, René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), expresó una preocupación que hoy se repite en los gremios: la ausencia de una cláusula de cierre respecto a la demanda de tierras por parte de comunidades indígenas.

“Lo que yo entiendo es que las empresas forestales están disponibles para conversar respecto de algunas solicitudes de tierras hechas por algunas comunidades y que están relacionadas con su propiedad, que no es tanto, se habla entre 10.000 a 15.000 hectáreas. Pero lo que plantean las empresas forestales es que ellos están disponibles en la medida que esto signifique el término de este ‘saco roto’, digamos así, de pedir y pedir y pedir más siempre, porque en el fondo nadie establece que si se entregan 10.000 hectáreas se acaba la solicitud o la pedida respecto a tierras que pertenezcan a las empresas forestales”, señaló Muñoz en conversación con El Líbero.

Un punto de tensión creciente

El informe final de la Comisión estima en 377.334 hectáreas la demanda institucionalizada de tierras, es decir, solicitudes ya presentadas que estarían dentro de los procesos regulares a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Esta cifra ha sido vista por el mundo forestal como desproporcionada, considerando que muchas de esas solicitudes podrían involucrar tierras actualmente en manos de empresas del rubro.

Durante la vigencia de la Comisión, que funcionó entre 2022 y 2024, hubo múltiples reuniones entre sus miembros y las empresas forestales, como Celulosa Arauco, Forestal Arauco, CMPC y la propia Corma. No obstante, fuentes conocedoras de las tratativas aseguran que hacia fines de 2023 el diálogo comenzó a deteriorarse, pasando de un espacio de conversación a una sensación de imposición por parte del Ejecutivo.

“Más que una negociación, era una imposición”, comentan fuera de micrófono actores que participaron en las conversaciones. En diciembre, las diferencias llevaron a un punto muerto, obligando a Corma a cambiar a su interlocutor dentro de la comisión. Finalmente, en marzo de este año, se logró una redacción que calmó parcialmente las aguas.

La industria en dos tiempos

La propuesta de la Comisión contempla la participación de las empresas forestales en dos etapas. En la primera, se aplicaría el marco vigente de la Ley Indígena, donde se espera que las compañías entreguen información y disposición para transferir tierras asociadas a solicitudes ya ingresadas. En una segunda fase, una vez desarrollada la nueva legislación, la industria debería colaborar en forma más amplia en un proceso de reparación y desarrollo conjunto.

En ese contexto, la Comisión propone la creación de una mesa de trabajo entre la industria y el Ejecutivo, que permita revisar, actualizar y priorizar los predios que estarían sujetos a transición, así como catastrar los sitios de significación cultural reclamados por comunidades. También se plantea establecer soluciones jurídicas flexibles, como usufructos o servidumbres, para abordar aquellos espacios que tienen un valor simbólico o histórico, pero que no necesariamente implican transferencia de dominio.

Incertidumbre sin límite

A pesar de los esfuerzos de diálogo, la falta de una cláusula de cierre clara sigue siendo uno de los temas que generan mayor escozor en el mundo forestal. Para René Muñoz, el gran problema no es la disposición de las empresas —que, según afirma, siempre ha existido—, sino la indefinición del alcance y duración del proceso.

“No puede ser un proceso abierto eternamente a más exigencias, sin un marco de término ni certezas para quienes están involucrados”, subrayó el dirigente gremial. A su juicio, las compañías pueden cooperar si se les garantiza que la entrega de tierras específicas pondrá fin a las solicitudes futuras, al menos respecto de sus propiedades.

Llamado a la certeza jurídica

En su declaración pública del 3 de mayo, la Corporación Chilena de la Madera valoró los esfuerzos de la Comisión e hizo un llamado a seguir contribuyendo a una “paz firme, con desarrollo y justicia territorial”. Sin embargo, el mismo documento revela entre líneas la necesidad de conocer en detalle las propuestas y condiciones para poder garantizar la viabilidad del entendimiento.

Desde el sector existe plena conciencia de la necesidad de avanzar en soluciones al conflicto histórico que afecta a la Macrozona Sur. No obstante, la certeza jurídica es vista como un pilar imprescindible para lograr una participación real y sostenible del sector privado.

Ayer mismo, se registró un atentado en Los Sauces (La Araucanía), en el predio Napanir (748). El ataque, perpetrado por un grupo armado, destruyó por completo toda la maquinaria y las camionetas de la empresa EESS Cima, contratista de CMPC.

Las víctimas

La violencia no mide a quien atropella. René Muñoz detalla que desde el año 2014 los contratistas forestales han sido víctimas de 490 atentados, en los cuales han destruido 1.800 equipos.

“En todo el informe de la comisión aparece una vez la palabra terrorismo y aparece la palabra violencia pero no catalogándola como terrorista. Y eso nos llama la atención”, dice Muñoz. Y se pregunta cómo será el nuevo sistema de reparación de víctimas propuesto.

“Hoy día, el fondo de subsidio a las víctimas tiene una metodología, está incluida en el presupuesto, hay una glosa, y si se acaba esa glosa hay que permanecer en la cola el tiempo que esa glosa se reponga. Entonces, si va a ser el mismo sistema que hay actualmente, en que se exige que el dueño del equipo no tenga seguro, que no facture más de 100.000 UF, creemos que no tiene sentido. El contratista, grande o chico, tiene el mismo efecto por un atentado, porque le han quemado su patrimonio, le han quemado su equipo. Entonces, si vamos a considerar, en este caso, la devolución de tierras para todos los mapuches, también consideremos el subsidio o el apoyo a todas las víctimas. Y ahí creo que no es claro el planteamiento que nos ofrece hoy día la comisión”.

La voz de René Muñoz sintetiza esa tensión entre la voluntad de diálogo y la exigencia de reglas claras: “Estamos disponibles para conversar, pero no para entrar a un túnel sin salida. Si no se pone un límite, todo el sistema queda expuesto a la incertidumbre”.

Fuente de la información. El Líbero