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Con críticas por ausencia del Ministerio Público se constituyó mesa de seguridad en Santa Bárbara

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Una profunda preocupación se vive en la provincia del Biobío luego del atentado incendiario que afectó gravemente las instalaciones de la central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en la comuna de Santa Bárbara.

El ataque, recordemos, considerado el de mayor envergadura registrado en la historia reciente del país, destruyó más de 50 vehículos y maquinaria pesada, dejando un grave impacto económico, social y ambiental, afectando tanto a la empresa Rucalhue Energía SpA como a sub-contratistas y pequeños empresarios locales.

Frente a esta situación, durante la jornada de este jueves se desarrolló una reunión de emergencia multisectorial encabezada por el alcalde Cristian Oses, junto a representantes del gobierno central, como Nelson Morales, jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, quien acudió en representación del ministro Luis Cordero.

La cita, realizada la cordillerana comuna, congregó a actores públicos y privados, incluyendo empresas del sector energético y forestal, servicios públicos, dirigentes sociales y representantes de emprendedores locales, en un esfuerzo conjunto por coordinar acciones inmediatas y de largo plazo que permitan recuperar la seguridad y dinamizar la economía local.

El gran ausente de la jornada, y que fue plasmado en el propio lugar por los asistentes fue el Ministerio Público, que si bien fue convocado no tuvo representación. El alcalde Oses criticó duramente esto asegurando que, aunque fue invitada la fiscal regional Marcela Cartagena, no asistió, no envió representante ni de excusó. “Me parece grave que no llegara (el Ministerio Público). Esta fuera una reunión de trabajo, no para atacar a alguien. No puede ser que tengamos una oficina y no un fiscal. No sabemos si el Ministerio Público se constituyó en la zona del atentado”

Adelantó que, a través del representante del ministro Cordero, oficiarán al fiscal nacional, Ángel Valencia, para “que esto no vuelva a pasar. Necesitamos al ministerio público que esté aquí y que entregue una mirada sobre cómo se toman los procedimientos y nos exponga el trabajo que realizan. Sé que es un órgano autónomo y que no tienen la obligación de asistir, pero es importante que estén en estas reuniones de trabajo”.

La primera autoridad expresó con firmeza que “la seguridad no puede instalarse sólo desde el nivel provincial, regional o desde Santiago. Debe estar presente donde ocurren los hechos, donde nuestra comunidad sufre las consecuencias”, valorando a la vez la formación de esta mesa de trabajo permanente, de carácter multidisciplinario, “y el compromiso de coordinar acciones concretas para enfrentar los desafíos que deja este atentado”.

Por su parte, Nelson Morales valoró el desarrollo de la reunión y reafirmó el compromiso del Gobierno con el Estado de Derecho y el uso de todas las herramientas legales disponibles.

En esa línea, recalcó la importancia de la presentación de la primera querella bajo la nueva Ley Antiterrorista, presentada por el Ejecutivo tras los hechos ocurridos en Rucalhue.

“Es fundamental enviar una señal clara de que el Estado protegerá a sus ciudadanos, que el respeto al Estado de Derecho no es negociable. La querella busca precisamente eso: dar una respuesta firme y decidida a los grupos que pretenden sembrar el terror en nuestros territorios”, puntualizó.

Morales añadió que se continuará con monitoreo constante, incremento del control policial y un trabajo sostenido con los gobiernos locales y regionales para prevenir nuevos hechos de violencia.

A semanas del ataque, Santa Bárbara continúa en estado de alerta, pero también se levanta con la fuerza de su comunidad. Las autoridades locales ya han convocado para el lunes próximo una reunión con dirigentes sociales y emprendedores de la comuna, con el objetivo de levantar propuestas desde el territorio para enfrentar esta crisis de manera participativa.

“Hoy dimos un primer paso. La conformidad total vendrá cuando veamos hechos concretos, pero esta mesa de trabajo es el inicio del camino para construir un futuro mejor para nuestra comuna”, concluyó Oses.

COMPROMISOS Y PLANES DE ACCIÓN

Entre los principales acuerdos alcanzados destacaron la implementación de un plan de seguridad integral interinstitucional, que permita prevenir nuevos hechos de violencia.

La constitución de una mesa público-privada de reactivación económica y turística, con foco en emprendedores, pymes y la recuperación del empleo, la designación de un equipo interministerial para el seguimiento de compromisos, coordinado desde el nivel central.

Definición de un cronograma para la restauración de la central hidroeléctrica y zonas afectadas, incluyendo evaluación de daños, apoyo a contratistas y trabajadores, y planificación de nuevas inversiones, entre otros.

Fuente: La Tribuna