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Estado de excepción en la Macrozona Sur: ¿respuesta efectiva o escapatoria política frente al conflicto?

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Las votaciones parlamentarias de este martes renovaron el estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, con lo que se mantuvo una medida que ya cumple tres años y que, a ratos, ha generado debates respecto de su eficacia y el riesgo de perpetuar un instrumento diseñado para situaciones puntuales.

La decisión fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados por 105 votos a favor, 24 en contra y 11 abstenciones. El Senado, en tanto, la respaldó por 36 votos a favor, uno en contra, cero abstenciones y cuatro pareos.

En el caso de la Macrozona Sur, la implementación del estado de excepción constitucional "guarda relación con el aumento, en la última década, de enfrentamientos que involucran episodios de violencia rural o actos de carácter terrorista; y también por delitos conexos, como el robo de madera, el narcotráfico y el crimen organizado, asociado a ciertas actividades delictuales", explicó Jorge Cordero, investigador de Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales (Faro UDD) de la Universidad del Desarrollo.

Asimismo, explicó que —transcurrido el tiempo— es plausible sostener que algunas de estas actividades no necesariamente están relacionadas con el conflicto indígena, sino que con actividades delictivas que emergieron dadas las dificultades del Estado para garantizar algún tipo de orden en la zona.

"Es importante recordar que donde se produce un repliegue del Estado, todo tipo de actividades delictuales pueden adquirir mayor fuerza. Si a esta realidad se combina con la radicalización de grupos específicos, como lo sería la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) u otro tipo de organizaciones, se genera un contexto para los peores escenarios", sostuvo Cordero.

¿QUÉ IMPLICA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN?

Cordero explicó que implementar esta medida implica varios matices; algunos buenos, como la disminución de los atentados en la zona, al permitir un despliegue más activo en materia de seguridad y otras quizás no tan positivas, como —por ejemplo— un desgaste permanente para las fuerzas armadas, que deben actuar bajo esta condición cuando su rol está orientado a otras funciones.

Respecto a por qué se ha mantenido la decisión de renovar el estado de excepción constitucional, explicó que era un instrumento que "en su momento tenía mucho apoyo ciudadano y respaldo político de las regiones afectadas, con justa razón. No olvidemos que, incluso, se realizó una especie de 'plebiscito ciudadano' por el cuestionado exgobernador de la Araucanía, cuando los parlamentarios del Gobierno no estaban a favor", explicó Cordero.

Asimismo, recordó que el apoyo de la gente era tal, que se empleó como un mecanismo de presión política, cosa que, a su juicio, "está mal". Sin embargo, sostiene que "fue razonable ante una situación que claramente se veía descontrolada".

De igual forma, agregó que existe un riesgo de que "los políticos se acomoden a esta situación, de forma tal que eviten la discusión de fondo sobre qué tipo de estrategia cabría emplear en materia de seguridad y cómo abordar la discusión sobre políticas públicas para el pueblo mapuche, que —creo— ayudarán a legitimar la acción del Estado. Esto es fundamental si es que queremos mitigar la acción, con el mayor de los éxitos, de los grupos que cometen los atentados", sostuvo el experto.

Por otra parte, considera que extender el estado de excepción es una forma fácil en la que el Gobierno, políticos y el Estado, pueden rendirle cuentas a la gente sin mayor esfuerzo, delegando responsabilidad del problema a una institución que no le corresponde del todo evitar los atentados en la zona, como los militares. "Una 'lógica' de resolver problemas complejos mediante instrumentos que son de última ratio, sin pensar tampoco en lo que cabría hacer después", agregó Cordero.

Asimismo, agregó que —dada la dinámica de eternizar este mecanismo— "es plausible pensar que algunos quizás se acostumbraron a votar a favor y no buscar otra arista del problema que ayude a controlar la seguridad en la zona. Ni siquiera se ha querido tocar los otros aspectos del conflicto indígena, como podría ser discutir propositivamente las recomendaciones de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, crucial si queremos dotar de mayor legitimidad al Estado y deslegitimar a las organizaciones radicales".

POTENCIALES SOLUCIONES

En este contexto, el profesional expresó que bien cabría la posibilidad de seguir postergando el estado de excepción, pero con la idea de formular una estrategia de seguridad que permita dejar de utilizarlo.

También consideró fundamental "apoyar las propuestas de la Comisión Paz y Entendimiento o, al menos, discutirlas seriamente. Avanzar con medidas que permitan resolver el problema de fondo con los pueblos indígenas es condición necesaria para deslegitimar de una vez por todas la posición extrema de ciertas organizaciones radicales y dotar de mayor legitimidad al Estado para garantizar el orden", agregó Cordero.

Asimismo, explicó que la situación actual y los niveles de radicalización fueron apareciendo de forma progresiva en el tiempo.

Al respecto, "lo que era la CAM en el 98 es radicalmente distinto a cómo opera hoy en cuanto a los niveles de violencia y el tipo de atentados. No es de extrañar que su principal líder, Héctor Llaitul, hoy en la cárcel, se haya manifestado en contra de la comisión. Nuestro país lleva tiempo postergando estas medidas, y esa postergación le es útil a las organizaciones que solo creen en la violencia, pues alimenta su discurso y con ello el irredentismo", finalizó el investigador de Faro UDD.

Fuente: La Tribuna