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Acoforag denuncia ante la CIDH violencia sistemática contra contratistas forestales en la Macrozona Sur
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La Asociación de Contratistas Forestales A.G. (Acoforag) presentó el pasado 29 de julio de 2025 una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos sufridas por sus asociados en la Macrozona Sur de Chile.
Desde hace más de 12 años, los contratistas forestales y sus trabajadores han sido víctimas de ataques armados, atentados incendiarios, secuestros, amenazas constantes y destrucción de maquinaria, en un contexto de violencia que ha afectado profundamente no solo su labor, sino también la seguridad y bienestar de sus familias.
La presentación enviada a la CIDH documenta una extensa serie de hechos violentos, entre ellos asesinatos, emboscadas y ataques a infraestructuras, lo que configura —según la asociación— una situación de vulneración permanente de derechos fundamentales, con responsabilidad directa del Estado por omisión.
“Creemos que, tras 12 años sometidos a violencia, secuestros, quemas, destrucción y la imposibilidad de trabajar con normalidad, es necesario que el Estado asuma su responsabilidad sobre lo que hoy ocurre en la macrozona sur”, declaró René Muñoz, gerente de Acoforag.
Por su parte, Rodrigo Ruiz Godoy, abogado de Acoforag, explicó que la denuncia busca que la CIDH evalúe la posibilidad de llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Nosotros, como parte del sistema internacional de derechos humanos, tenemos el deber de salvaguardar derechos esenciales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de circulación y al trabajo, los que hoy están siendo vulnerados por el Estado chileno al no controlar los actos terroristas en la zona”, afirmó.
Según el jurista, el objetivo de esta presentación es que la Comisión Interamericana inste al Estado a aplicar medidas eficaces que garanticen el respeto al Estado de Derecho y la seguridad tanto de los contratistas forestales como de los trabajadores del sector.
Acoforag sostiene que estos actos constituyen terrorismo y que el Estado chileno ha incumplido sus deberes internacionales bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al no garantizar los derechos a la vida, la integridad física, la libertad de circulación, la propiedad y el trabajo.
El gremio enfatiza que no busca compensaciones económicas, sino que exige que la CIDH exhorte al Estado de Chile a cumplir con su deber de proteger a una población expuesta de forma continua a hechos de violencia, asegurando condiciones dignas para ejercer su derecho al trabajo y a vivir en paz.
