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Analizan estrategias para el término paulatino del Estado de Excepción en la Macrozona Sur

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Sesenta veces se ha prorrogado la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, precisamente en la Región del Biobío, en las provincias de Arauco y del Biobío, y en la Región de La Araucanía. Y es que durante esta semana el Senado aprobó por 32 votos la extensión.

En la Sala de la Cámara Alta plantearon la baja en los hechos de violencia y se comenzaron a analizar “estrategias de salida” para 3 años y medio de Estado de Excepción vigente. Esto va de la mano con medidas que abran la posibilidad de “pensar en una menor presencia militar y policial”.

Cabe precisar que, de acuerdo a cifras expuestas por el Gobierno en la votación de la nueva prórroga, hasta el 10 de agosto de 2025 se observa una disminución del 39% de los eventos de violencia rural, con respecto al mismo periodo del 2024 y un 80% en comparación con el 2021.

Es así como desde lo legislativo, se instó a agilizar proyectos, tales como, el de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y la modernización de la Ley de Inteligencia.

Pese a la disminución de la violencia, los y las legisladores constataron que persiste la presencia de grupos armados, “en todos estos años con estado de excepción, y poco se ha hecho para limitar el acceso a las armas de estos grupos o llevarlos frente a la justicia”.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que actualmente se está realizando una evaluación para analizar la posibilidad de que se pueda realizar un desescalamiento de la medida ante la baja en los hechos de violencia rural.

“Se hace una evaluación para efectos de ir adoptando las medidas necesarias para obtener un mejor resultado y sobre esa misma base nos parece que es necesario hacer un diseño de desescalamiento que permita generar una perspectiva para efectos de que esta medidas que es de carácter excepcional sea efectivamente de carácter excepcional y no adquiera el carácter de permanente”, dijo Elizalde.

No obstante, el secretario de Estado enfatizó que “con la misma honestidad hay que señalar que mientras esta medida sea necesaria la vamos a tener que prorrogar, porque aquí la prioridad número uno es la prioridad de las personas”.

En la zona

Por su parte, el senador de la Región del Biobío, Gastón Saavedra (PS), se refirió a la posibilidad de implementar medidas de desescalamiento y dijo que “yo hice una proposición de desencalar en las comunas donde no está el conflicto, pero he votado a favor de mantener el Estado de Excepción Constitucional”.

En la misma arista, Saavedra propuso que “la extensión territorial que tiene, sobre todo en la región del Biobío, en lugares como Yumbel, Cabrero y Laja, que perfectamente podríamos dejar sin efecto, porque no tiene mucho sentido que usted tenga las fuerzas policiales y militares desplazadas en territorios donde es mejor mantener la vigilancia normal y concentrarnos en otras partes del territorio, donde sí están principalmente desarrollándose las actividades terroristas”.

Asimismo, el parlamentario relevó las instancias de diálogo que se han generado para conversar posibles medidas para poner término al Estado de Excepción en la zona mencionada. A lo último, Saavedra también sumó que es clave que todos los actores involucrados sean parte del análisis.

“Estoy de acuerdo con que el Presidente Boric haya convocado a este diálogo a representantes de diversas proveniencias, tanto de los pueblos originarios como empresarios y personas de las distintas comunidades, lo que le hace bien al país y a la resolución del conflicto”, cerró el senador.

Paralelamente, el también senador de Biobío, Enrique van Rysselberghe (UDI), sostuvo que una eventual salida de forma escalada del Estado de Excepción no se puede ejecutar en el corto plazo, argumentando que cada vez que se plantea la idea vuelven a ocurrir hechos de violencia.

“Cada cierto tiempo el gobierno y sectores afines plantean la necesidad de comenzar a desescalar la medida en la Macrozona Sur, pero ocurren nuevos ataques a atentados a propiedad privada o pública que demuestran que ese tipo de medidas no son posibles de llevar a cabo en el corto plazo”, explicó el parlamentario.

A su vez, para van Rysselberghe el principal requisito para poder terminar con la medida constitucional es “que el Gobierno ponga todos sus esfuerzos en desarticular, detener y poner a disposición de los tribunales de justicia a las células terroristas que siguen operativas en el territorio”.

De esa forma, el miembro de la Cámara Alta afirmó que, mientras no se pueda cumplir esa condición, “resulta totalmente inaceptable terminar con el Estado de Excepción Constitucional, ya que volveremos al escenario anterior, donde los grupos terroristas operan impunemente en un territorio sin control ni presencia del Estado”.

Comunidades

El alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oses, se refirió a la idea. Y es que cabe recordar que durante abril de este año, en su comuna se registró el atentado incendiario que terminó con la destrucción de 51 maquinarias en la central Rucalhue, hecho que ha sido catalogado como uno de máxima gravedad.

Referido a la idea que surgió en el Ejecutivo y el Senado, el jefe comunal afirmó que “mientras no exista una modificación legal o aspecto del garantismo que tenemos en el sistema procesal legal, o la falta de inteligencia para anticipar todos estos problemas delictuales que comprometen la seguridad de las comunas del país, difícilmente vamos a cambiar lo del estado de excepción por otro”.

Además, Oses complementó que “hacemos un llamado a los parlamentarios, que la legislación que hagan sea pensando en la realidad de las personas, necesitamos señales que vayan a endurecer esto”.

Vale recordar que la medida se implementó el 18 de mayo de 2022, a 66 días de iniciado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. De la misma forma, las Fuerzas Armadas también se encuentran desplegadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, bajo el sistema de “infraestructura crítica”.

Fuente: Diario Concepción

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