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Acoforag: "En 12 años este es el quinto asesinato de trabajadores forestales en la macrozona sur"
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El asesinato de Manuel León Urra, guardia forestal de 60 años, y las graves heridas sufridas por César Osorio, de 50 años, en un ataque armado en la comuna de Victoria, siguen generando fuertes reacciones en el sector forestal.
En entrevista con Radio Cooperativa, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), René Muñoz, acusó un abandono del Estado y denunció que los contratistas y trabajadores llevan más de una década siendo víctimas de una violencia sistemática.
“En 12 años este es el quinto asesinato de trabajadores forestales en la macrozona sur. Creemos que es terrorismo puro y debe ser investigado bajo la Ley Antiterrorista, que hoy tiene mejores herramientas para sancionar estos crímenes”, afirmó.
Muñoz reconoció ciertos avances en la labor de las policías y la fiscalía —como detenciones, desarticulación de mafias del robo de madera y reducción de atentados—, pero recalcó que los resultados son insuficientes:
“Llevamos 12 años en esto. Nosotros no perdemos solo máquinas, perdemos a nuestros trabajadores, emprendimientos y sueños familiares. Queremos trabajar tranquilos, como cualquier chileno”.
El dirigente sostuvo que, aunque existe coordinación con Carabineros y las Fuerzas Armadas bajo el Estado de Excepción, la estrategia actual es limitada:
“El Estado de Excepción es necesario, pero no es suficiente. Creemos que se requiere una policía distinta, entrenada especialmente para enfrentar grupos armados con características de guerrilla, ligados al tráfico de armas y al robo de madera. Hoy existe un círculo virtuoso del delito en la zona”.
Muñoz también denunció la existencia de extorsiones y cobros ilegales a contratistas para permitirles trabajar, pero aseguró que muchos afectados no formalizan las denuncias por temor a represalias.
Frente a esta situación, recordó que Acoforag presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que también recurrieron a la OIT por el incumplimiento del Convenio 187, que protege la seguridad y vida de los trabajadores.
“El asesinato de Manuel León Urra refuerza aún más nuestra denuncia. Creemos que al Estado chileno solo lo mueve la presión internacional. Hemos denunciado por 12 años lo que ocurre y no ha sido suficiente. Lo que exigimos es seguridad, dignidad y el derecho a trabajar en paz”, concluyó.
