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Trabajadores forestales y Acoforag denuncian ante la OIT incumplimiento de Chile en materia de seguridad laboral
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Con fecha 12 de agosto de 2025 un grupo de diez trabajadores forestales de la Macrozona Sur de Chile presentó una reclamación formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acusando al Estado chileno de incumplir el Convenio Nº 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, ratificado por el país en 2011.
A la reclamación presentada por los trabajadores forestales, se suma también la voz de la Asociación de Contratistas Forestales A.G. (Acoforag) presentada ante la OIT el 15 de julio de 2025. La entidad ha expuesto en distintas instancias internacionales la grave situación de inseguridad que afecta a las empresas contratistas y a sus trabajadores en la Macrozona Sur.
Las denuncias de los trabajadores y de Acoforag, realizadas bajo el artículo 24 de la Constitución de la OIT, buscan visibilizar la grave situación de violencia que afecta al sector forestal y exigir medidas concretas de protección.
Los denunciantes aseguran representar a miles de hombres y mujeres que laboran en condiciones de permanente inseguridad debido a la violencia rural. En el escrito, detallan que enfrentan de manera constante atentados incendiarios, emboscadas armadas, amenazas directas y asesinatos de compañeros, hechos que no solo comprometen su integridad física y psicológica, sino también la estabilidad de sus familias y comunidades. “No son hechos aislados, sino una amenaza permanente que hace insostenible el ejercicio de nuestras funciones”, señalaron en el documento.
Una larga lista de episodios violentos
La reclamación presentada ante la OIT recopila diversos hechos de violencia ocurridos desde 2014 a la fecha, con especial énfasis en los últimos cinco años. Entre ellos, destacan ataques incendiarios masivos a maquinaria forestal en Curanilahue y Los Álamos, la quema de camiones en rutas del Biobío y La Araucanía, y asesinatos de trabajadores en plena faena.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en febrero de 2022, cuando los trabajadores Benjamín Bustos Manríquez y Alejandro Carrasco Mellafe fueron asesinados mientras realizaban labores de patrullaje en un predio de Forestal Mininco. Meses después, en mayo de ese mismo año, José Segundo Catril Neculqueo, trabajador mapuche, murió emboscado en Lumaco mientras se dirigía a su lugar de trabajo.
A esto se suman ataques recientes, como el atentado incendiario en abril de 2025 contra la central hidroeléctrica Rucalhue, en la Región del Biobío, donde resultaron destruidos 47 camiones y varias maquinarias. Según los afectados, las pérdidas superan los cinco mil millones de pesos.
Críticas a la respuesta del Estado
Los trabajadores denuncian que, pese a la vigencia del Estado de Excepción Constitucional desde 2022, las medidas de seguridad implementadas han sido insuficientes para frenar los ataques. “La violencia continúa y ahora incluso adopta nuevas formas, como la extorsión y el cobro de peajes ilegales”, señalan.
Asimismo, apuntan a la Dirección del Trabajo por no haber fiscalizado de manera adecuada la seguridad en faenas expuestas a ataques, ni haber emitido instrucciones específicas para enfrentar estos riesgos. Según el grupo, la autoridad mantiene un enfoque “genérico” en materia de seguridad laboral, sin considerar la violencia rural como un riesgo ocupacional real.
La reciente Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028 también es objeto de críticas. Si bien reconoce la seguridad como un derecho fundamental, los trabajadores consideran que su diseño no incorpora las condiciones particulares de la Macrozona Sur ni establece mecanismos vinculantes que garanticen una protección efectiva frente a atentados armados.
Obligaciones internacionales incumplidas
El Convenio Nº 187 de la OIT, ratificado por Chile en abril de 2011, obliga a los Estados a promover la mejora continua de la seguridad y salud laboral mediante políticas, sistemas y programas nacionales elaborados en consulta con empleadores y trabajadores. Para los denunciantes, Chile ha incumplido de manera reiterada estos compromisos, al no garantizar entornos laborales seguros ni generar protocolos efectivos en sectores de alto riesgo como el forestal.
La denuncia resalta que la omisión del Estado vulnera además derechos fundamentales reconocidos en la Constitución chilena y en tratados internacionales, como el derecho a la vida, a la integridad personal y a condiciones de trabajo seguras y dignas.
Peticiones a la OIT
En su presentación, los trabajadores solicitan a la OIT que exija al Estado chileno tres medidas concretas:
1. Garantizar un entorno laboral seguro y saludable en la Macrozona Sur.
2. Implementar un Sistema Nacional de Seguridad en el Trabajo con participación activa del sector forestal.
3. Modificar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, incorporando un apartado específico para la protección de trabajadores forestales.
Con esta acción, los trabajadores esperan que la comunidad internacional conozca la magnitud del problema y que el Estado adopte medidas urgentes. “Queremos recuperar la paz y la seguridad laboral que merecemos”, concluyen en su escrito.
