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Gobierno admite que atentado en Victoria “provoca terror”, pero se querella por organización criminal
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“Es un acto que provoca terror, no cabe la más mínima duda”, aseguró anoche el ministro de Seguridad, Luis Cordero, sobre la emboscada con armamento de grueso calibre que el fin de semana dejó a un trabajador muerto y a otro herido de gravedad en un predio de la empresa CMPC en Victoria, Región de La Araucanía, el hecho de violencia más grave en la macrozona sur en el último año y medio.
El propio Cordero confirmó que el Gobierno presentó una querella para perseguir a los responsables, pero no por Ley Antiterrorista —como reclaman expertos en el tema, sino contra una “asociación criminal que cometió un homicidio calificado”.
Según el secretario de Estado, “antecedentes para (calificar lo sucedido como) terrorismo forman parte de la investigación y lo vamos a ver (a futuro)”.
Cordero planteó que en La Araucanía “se cometen actos terroristas”, y que en eso el Ejecutivo “ha sido bastante claro”, pues “cada vez que tenemos antecedentes para activarla (la ley), por cierto lo hemos hecho”. No obstante, insistió, “para no confundir a la población”, en que el Ejecutivo “se ha querellado por asociación criminal con homicidio calificado”.
“El sentido común no influye en la calificación jurídica”
Más temprano, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, había planteado que una eventual calificación de delito terrorista se discutirá cuando “hayamos reunido elementos de prueba y que tengamos identificadas a las personas para hacer la imputación”. Y ante la insistencia de la prensa, respondió: “Lo que uno puede calificar desde el sentido común no influye en la calificación jurídica que debemos efectuar, porque la ley define ciertos requisitos”.
En sus redes sociales, en tanto, la directora regional del Trabajo de La Araucanía, Carolina Ojeda, anunció que fiscalizarán las causas del “accidente fatal” en Victoria. Y el presidente de la DC y excopresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, senador Francisco Huenchumilla, manifestó en TVN que “hay un prejuicio, que todo lo que pasa acá (en La Araucanía) es terrorismo”.
En este contexto, expertos en seguridad debaten si el Gobierno debió invocar de inmediato la Ley Antiterrorista.
Para el exsubsecretario del Interior e investigador del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la U. 5an Sebastián, Felipe Harboe, “es evidente el móvil terrorista del ataque: no robaron nada, no buscaron afectar propiedades en general, sino que causar temor y terror y terminaron matando a un trabajador”. Argumentó que “si el móvil terrorista es evidente, el Gobierno debe interponer la acción por la ley de conductas terroristas, la que hoy tiene herramientas adicionales y ya no es un problema para los fiscales”. Agregó que “por el contrario, puede facilitar la investigación”.
Resaltó que “en este caso, no cabe ningún tipo de prejuicio ideológico y es evidente que aquí hay una acción terrorista y tiene que ser perseguida como tal, cualquiera sea la autoridad que esté a cargo”.
Harboe descartó que se necesite una eventual reivindicación de grupos radicalizados para calificar lo ocurrido como un acto terrorista. “Si siguiéramos esa tesis, muchos atentados no habrían sido ataques terroristas, porque no los reivindicó nadie”.
A juicio del exfiscal regional de La Araucanía y vicedecano de Derecho de la U. Autónoma, Francisco Ljubetic, “los elementos que concurren en este delito, van en esa dirección (la acción terrorista)”. Detalló que “en primer lugar, está la función que cumplían las víctimas, que guardan relación con una de las actividades más atacadas, que es la forestal; como segundo aspecto, el sector, un zona que ha sido marcada por hechos de violencia; y como tercer punto está presente lo que la nueva Ley Antiterrorista establece como los fines tanto de una asociación terrorista como de personas naturales que buscan imponer ciertas decisiones a la autoridad”.
El académico Alejandro Leiva, autor del libro “Terrorismo en Chile”, opinó que “no es posible abstraerse, en casos como este, de la finalidad terrorista, por el lugar en que se ejecuta el hecho”. Enfatizó que “hay una verdad jurídica que se ha impuesto en esa Zona, en cuanto a que existen grupos armados y organizados que atacan ciertos focos que tienen un denominador común, con el objetivo de socavar las bases de la institucionalidad y asegurar control territorial”.
Contratistas vuelven a recurrir ante la OIT
La Asociación de Contratistas Forestales, en tanto, presentó un nuevo requerimiento ante la Organización Internacional del Trabajo “para que inste al Estado de Chile a adoptar medidas concretas y urgentes” para garantizar “un entorno laboral seguro” y crear “un sistema nacional de seguridad en el trabajo”.
Fuente: El Mercurio
