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Inseguridad, el factor que mantiene estancada la inversión forestal en Chile
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Mientras las principales empresas forestales chilenas, Arauco y CMPC, impulsan inversiones por más de US$ 9.000 millones en Brasil —en plantas de celulosa—, en Chile los proyectos son mucho más pequeños. Se trata principalmente de actividades de continuidad operacional, mantención de plantaciones y planes de menor envergadura.
Un factor que explica que las inversiones forestales estén estancadas en Chile es la inseguridad, la violencia en la macrozona sur, coinciden diversos actores del rubro.
El más reciente catastro de proyectos con cronograma definido de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) registra solo US$ 36 millones de inversión en el sector forestal para el quinquenio 2025-2029. Ese monto se desembolsaría este año.
La última gran iniciativa forestal en Chile fue la planta de celulosa MAPA de Arauco —en el Biobío—, que se finalizó tras casi ocho años de tramitaciones y judicialización. Hoy esa compañía levanta una planta de OSB (paneles) en el sur, en el complejo Trupán-Cholguán.
Condición para invertir
El sábado recién pasado, en una entrevista con Economía y Negocios, el gerente general de Empresas CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, señaló que la compañía estaba dispuesta a invertir en el país, pero “se requiere seguridad y permisos adecuados”, añadió. Algunas horas después —avanzada la nochese produjo la muerte del trabajador forestal Manuel León (60 años), mientras que César Osorio (50) resultó herido de gravedad, luego que desconocidos balearon el vehículo que prestaba servicios de vigilancia privada para CMPC, en la comuna de Victoria, en La Araucanía.
Bernardo Larraín Matte, presidente del directorio de CMPC, declaró ayer estar “profundamente consternado y muy triste” por los hechos, “tal como están todos quienes trabajan en CMPC”. Añadió que “esto fue un acto terrorista, cuyo propóslto es amedrentar a nuestros trabajadores y a la ciudadanía en general, el que debe ser investigado y sancionado como tal, sin eufemismos ni excusas”.
El timonel de la Papelera sostuvo que “no podemos naturalizarestos gravísimos hechos, que una vez más muestran la falla del Estado en cumplir su primer y más esencial deber: permitir que las personas vivan en paz”.
Charles Kimber, gerente de Personas y Sustentabilidad de Arauco, afirmó que lo que ocurrió en Victoria “es de la máxima gravedad. Dispararon a matar a trabajadores inocentes. Esto afecta la moral de miles de trabajadores, como también la factibilidad de operar productivamente en ciertas zonas. Seamos claros, sin un entorno laboral seguro, no hay inversión”.
Rodrigo O'Ryan, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), sostuvo que delitos como “el robo de madera, las usurpaciones, los incendios intencionales y los atentados contra trabajadores no solo golpean a las empresas, grandes y pequeñas, sino que también alteran la vida cotidiana de miles de familias que habitan la macrozona sur. La seguridad no es un privilegio, es una condición habilitante para el desarrollo de cualquier actividad productiva y para la vida en comunidad”.
O'Ryan indicó que pese a que algunas empresas mantienen proyectos, “sus ejecutivos han sido claros: sin certeza jurídica y sin una solución de fondo a la violencia en la macrozona sur, es muy difícil pensar en nuevas inversiones en Chile. Y eso es particularmente grave si consideramos que otros países de la región, como Brasil, ofrecen hoy condiciones más estables y atractivas para desarrollar proyectos productivos”.
Michel Esquerré , presidente de PymeMad —gremio que agrupa a pymes del sector forestal — afirmó que situaciones como el último atentado “van socavando los cimientos del sector, que son los territorios donde se plantan los árboles”. En tanto, añadió que cuando a una firma pequeña le queman sus bosques, esta no vuelve a plantar.
Esquerré comentó que en 2017 las pymes forestales representaban el 10% de las exportaciones forestales chilenas y ahora apenas un 3,2%. Indicó que en la última década han desaparecido 200 aserraderos y se han perdido 8.000 empleos.
El timonel de la Corma destacó que la ley de robo de madera redujo dichos delitos, pero indicó que han aumentado las extorsiones y la violencia de los ataques. “Llevamos años bajo estado de excepción y es evidente el desgaste... El país necesita con urgencia una política de Estado que garantice paz y seguridad en la macrozona sur, porque solo así será posible hablar de futuro y de desarrollo”, aseguró.
Fuente: El Mercurio
