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“Requiere pruebas rigurosas de intención subversiva”: especialistas explican alcances de invocar la Ley Antiterrorista
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El atentado que costó la vida a un trabajador dependiente de Empresas CMPC en Victoria reavivó el debate sobre la posibilidad de aplicar la Ley Antiterrorista. Especialistas analizan los alcances de una normativa que exige un estándar probatorio más riguroso y que busca superar los cuestionamientos sobre su eficacia y legitimidad.
Frente al hecho, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, comunicó que el Gobierno presentará una querella criminal y que aún no ha invocado la cuestionada ley por razones técnicas: “La Ley Antiterrorista requiere algunos presupuestos para ese fin. Ya nos hemos querellado por hechos ocurridos en la Macrozona Sur relacionados con el uso de la ley, particularmente en casos vinculados al incendio”.
MARCO LEGAL MÁS EXIGENTE
Jorge Cordero, profesor investigador de Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales (Faro UDD), destacó que la versión reformada de la normativa establece criterios más estrictos para su presentación. “Ahora es más exigente, requiere pruebas rigurosas que acrediten una intención subversiva en los actos imputados. Eso obliga a un estándar mucho más alto”, explicó el experto. Esta renovada regulación antiterrorista siguió el modelo alemán y español, basado en un delito base, más la finalidad terrorista. Es lo que explica Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello.
“Esta establece que se considerará delito terrorista todo hecho punible — ya tipificado en la legislación penal comúnque sea cometido con la finalidad de socavar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático, de coaccionar a una autoridad pública o de intimidar o desmoralizar a la población civil”, sostuvo Urquízar.
La normativa incorpora una enumeración ejemplificativa de delitos base, entre los que destaca el homicidio, el secuestro, el incendio y la colocación de artefactos explosivos, siempre que estas conductas se ejecuten con los fines y métodos definidos por la ley.
ENFOQUE PREVENTIVO Y PERSECUTORIO
La normativa incorpora innovaciones significativas respecto de su versión anterior. Urquízar explicó que la ley “penaliza no solo la asociación terrorista, sino también el terrorista individual o lobo solitario”, lo que amplía el espectro de conductas punibles bajo la legislación especial. Además, la regulación incorpora un enfoque preventivo con la obligación de elaborar una estrategia nacional contra el terrorismo y técnicas especiales de investigación penal que permitan una mayor eficacia en la detección y captura de responsables. Estas herramientas incluyen mecanismos de inteligencia y seguimiento, que buscan anticiparposibles ataques.
Sin embargo, el especialista de la Universidad Andrés Bello (UNAB) advirtió que “su eficacia todavía es incierta, ya que las investigaciones penales por la nueva Ley Antiterrorista son muy recientes y el Gobierno aún no ha elaborado la estrategia antiterrorista que mandata la ley”.
RIESGO DE USO SIMBÓLICO
Jorge Cordero alertó sobre el peligro de una aplicación meramente política de la normativa. “Estamos en un momento electoral y escucharemos reacciones súper rimbombantes desde el minuto uno. Eso puede conducir a que apliquemos mal la ley, y eso es lo peor que podría pasar”, expresó.
El académico argumentó que en la zona Operan distintas lógicas de delito, incluyendo robo de madera que a veces se cruza con organizaciones radicales, aunque no siempre con la misma motivación política. “Antes de invocar la Ley Antiterrorista es necesario tener certeza de que exista una conexión con grupos como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) u otros que operarían en la zona”, sostuvo.
INTEGRALIDAD DE SOLUCIONES
Cordero reconoció que, de confirmarse la participación de organizaciones radicales en el atentado de La Araucanía, la normativa podría ser una herramienta válida. Sin embargo, insistió en que no constituye unaCoordinadora Arauco Malleco (CAM) u otros que operarían en la zona”, sostuvo.
INTEGRALIDAD DE SOLUCIONES
Cordero reconoció que, de confirmarse la participación de organizaciones radicales en el atentado de La Araucanía, la normativa podría ser una herramienta válida. Sin embargo, insistió en que no constituye una solución suficiente.
“La ley puede ayudar a enfrentar una dimensión del problema, pero la salida integral requiere también políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas. Sin esa doble agenda, no habrá legitimidad ni eficacia”, concluyó el especialista.
Fuente: La Tribuna
