Acoforag: “No corresponde que una industria tenga que armarse, la seguridad la debe garantizar el Estado”
René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), abrió una nueva edición del programa Conversando con la Acoforag reflexionando sobre la violencia que golpea al sector. El dirigente recordó el asesinato de Manuel León Urra, de 60 años, y las graves heridas sufridas por su compañero César Osorio, hechos ocurridos el pasado fin de semana en la región de La Araucanía.
A ello se sumó la quema de cinco maquinarias forestales en la ruta que une Carahue con Nueva Imperial. El hecho motivó que el Ministerio de Seguridad Pública invocara la Ley Antiterrorista, medida que Muñoz consideró necesaria para dimensionar la gravedad de los ataques.
Un sector “tironeado”
“El sector forestal está muy tironeado por todos lados. La industria está resentida por los precios y la baja demanda, pero eso es cíclico y sabemos resistirlo. Lo que no podemos resistir es la violencia armada que expone a nuestros trabajadores”, afirmó Muñoz.
El dirigente recalcó que las condiciones de faenas en zonas rurales hacen imposible replicar esquemas de seguridad propios de entornos urbanos. “No puedes cercar ni llenar de cámaras un bosque. No se trata de pedirle a un trabajador que se defienda de cuatro personas armadas con fusiles de guerra. Eso sería una locura”, añadió.
“La seguridad es tarea del Estado”
Muñoz insistió en que no corresponde que las empresas forestales se armen ni gasten recursos en condiciones que no son viables. “La seguridad pública la tiene que proveer el Estado, está en la Constitución: derecho a la vida, a la integridad, al trabajo, a circular libremente. Ese es el reclamo que hacemos”, enfatizó.
Recordó que en los últimos 12 años se han registrado 513 atentados, lo que equivale a un promedio de cuatro por mes. A ello se suma la alta intencionalidad en los incendios forestales de verano, que supera el 50%, cifra que catalogó como “una anomalía mundial”.
Críticas al manejo estatal
En su análisis, el gerente de Acoforag criticó la falta de convicción de los gobiernos respecto a enfrentar el terrorismo y el crimen organizado en la macrozona sur. “Todos saben que hay reductos con drogas, tráfico de armas y vehículos robados, pero las policías no entran porque serían recibidas a balazos. Eso deja al Estado paralizado y a las comunidades expuestas”, sostuvo.
También cuestionó las limitaciones en las reglas de uso de la fuerza que restringen el actuar de las Fuerzas Armadas en los estados de excepción. “Si me disparan con una escopeta, yo no puedo responder proporcionalmente con otra escopeta. El Estado debe responder con más fuerza, porque de lo contrario se instala el desorden y cada cual hace lo que quiere”, señaló.
“Hasta cuándo”
Para Muñoz, la situación llegó a un límite. “No reclamamos por reclamar, sino porque ya son demasiados años soportando que nos ataquen y destruyan. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los trabajadores forestales van a seguir expuestos a este nivel de violencia?”, expresó.
Finalmente, advirtió que el gasto millonario en seguridad sin resultados concretos solo profundiza la sensación de frustración en el sector. “Tuvimos un estado de excepción sin dientes que costó 23 mil millones de pesos. Si vamos al detalle, los resultados han sido mínimos”, concluyó.
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