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Nueva ministra de Agricultura ratifica urgencia de pronta tramitación de ley de prevención de incendios forestales
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Más de un año lleva en el Senado, y cerca de dos años en total en el Congreso Nacional, el proyecto de ley que busca regula la prevención de incendios forestales y rurales. En esa línea, desde Gobierno han manifestado la urgencia de que se pueda despachar pronto la iniciativa de cara a la próxima temporada de siniestros 2025-2026.
Ahora, la nueva ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, ratificó el proyecto como una prioridad de la cartera y dijo que “uno de nuestros principales desafíos es seguir impulsando los proyectos de ley relevantes para el ministerio y para el país. Entre ellos está la Ley de Prevención de Incendios Forestales, que fortalece la estrategia nacional de cuidado y prevención mediante nuevas herramientas y el perfeccionamiento de las ya existentes”.
En la misma línea, la secretaria de Estado argumentó que el proyecto contempla medidas clave como “las Zonas de Interfaz Urbano-Rural (ZIUR), las Zonas de Amortiguación, los planes de manejo preventivo y el incentivo a los sistemas agroforestales”.
Asimismo, Fernández reconoció que han detectado aspectos de la normativa que requieren ajustes, “como la eventual rebaja de multas y el financiamiento de medidas preventivas para pequeños y medianos propietarios. Tenemos la convicción de que este proyecto debe salir adelante, porque representa un paso fundamental en la protección de nuestros territorios y comunidades”.
Detalles de la normativa
En concreto, de acuerdo con el Ejecutivo la propuesta de norma busca, en materia de incendios, fortalecer la estrategia de prevención, poniendo énfasis en la coordinación entre municipios, comunidades, propietarios y empresas forestales. Sumado a aquello, establece sanciones más estrictas para quemas ilegales o negligentes.
De acuerdo a lo que señalan desde el Ejecutivo, el proyecto reconoce a la prevención como una prioridad y que la respuesta a la emergencia no puede seguir siendo solo reacción. En esa línea, la iniciativa propone medidas concretas como cortafuegos, participación de las comunidades organizadas, nuevos planes de manejo, coordinación con Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el sector privado. Además, suma la colaboración de pequeños propietarios de terrenos.
Desde la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (Amrbb), también se refirieron a la tramitación el proyecto de ley enfocado en la prevención de los incendios forestales.
El presidente de la Amrbb y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes señaló que “los municipios somos la primera línea ante emergencias, en lo que respecta a los incendios forestales, la futura Ley de Incendios es clave en cuando a herramientas para la prevención, planificación territorial y coordinación con los organismos de emergencias”.
Fuentes en base al contexto de la Región durante las últimas temporadas de incendios forestales, como la de 2023, y afirmó que “es necesario contar con un marco legal que obligue a gestionar de forma integral situaciones de riesgo. En esa línea, esperamos que esta ley fortalezca los planes comunales y asegure recursos permanentes para la protección de las comunidades”.
“Esta ley es una necesidad, tanto para salvar vidas como para proteger la flora y fauna de los territorios”, cerró el presidente de la asociación de municipios en Biobío.
Riesgo en Biobío
Cabe recordar que en el análisis realizado en el marco del Mapa de Riesgo, dado a conocer en abril del año en curso, se destaca que la Región del Biobío posee la mayor superficie con amenaza en la categoría muy alta, equivalente a un 6,5% de su territorio (156.270 ha), concentrada mayoritariamente en el Gran Concepción, Arauco, Lebu y Curanilahue; es seguida por la Región de Valparaíso con un 4,7% de su territorio (75.556 ha) en esta categoría, focalizada mayoritariamente en el Gran Valparaíso, y las comunas de La Ligua, Casablanca y San Antonio; mientras que en tercer lugar se encuentra la Región Metropolitana, cuya superficie en condición de amenaza muy alta corresponde a un 4,5% (69.323 ha), la cual se encuentra mayormente representada en los territorios que circundan a la ciudad de Santiago, y las comunas de Melipilla, Curacaví y Alhué.
Fuente: Diario Concepción
