Cien mil hectáreas de terrenos dedicados a las plantaciones de bosques, según cifras del Instituto Forestal (Infor) y, al menos, otras 30 mil de campos de la macrozona sur, según los gremios agrícolas, se encuentran tomadas y fuera de los circuitos productivos.
De las cien mil hectáreas de bosques usurpadas en la macrozona sur, el 80% de los casos se concentra entre Biobío y La Araucanía, afirma el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz. “Si bien las tomas en la zona sur tienen otra dimensión respecto de las que ocurren en la zona central y en el norte, también quisiéramos que fueran enfrentadas”, subraya.
Afirma que las empresas del rubro han presentado denuncias y solicitudes para que se intervengan las zonas tomadas, “pero el Estado no ha sido capaz de recuperar esos terrenos”.
Muñoz dice que “es la voluntad política de las autoridades del Estado la que debe cambiar para permitir que los sectores productivos puedan trabajar”.
Respecto de las denuncias en torno a la existencia de crimen organizado al interior de la toma de San Antonio, Muñoz hace notar que también existe presencia de bandas que tienen el propósito de delinquir en la macrozona sur.
“Cuando estos grupos, que se dedican a distintas actividades ilícitas, encuentran las condiciones propicias, se asocian”, asegura y añade que “por eso, en la macrozona sur es posible encontrar terrorismo, narcotráfico, presencia de armamento de guerra, robo de madera, receptación de vehículos y usurpación de predios”. Por lo mismo, prosigue, “más allá del estado de excepción, se necesita una gran intervención del Estado para sanear esto, porque como no están dadas las condiciones para invertir y trabajar, hay lugares en que la pobreza sigue aumentando”.
Freno a nuevas usurpaciones
La Ley de Usurpaciones, promulgada en noviembre de 2023, ha frenado nuevas ocupaciones ilegales, pero no ha logrado el desalojo de las más antiguas, sostiene el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán.
Los casos de La Araucanía bordean las 20 mil hectáreas, según detalla.
José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío) y vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), confirma que, a lo menos, 30 mil hectáreas de campos se mantienen usurpadas en la macrozona sur. “Es un cifra alta, que impacta a las comunas afectadas, pero principalmente provocan un gran perjuicio en sus propietarios, los que no pueden producirlos ni vivir en ellos. Pero siguen pagando contribuciones”, recalca.
Respecto de Biobío, el dirigente detalla que las tomas se concentran en zonas precordilleranas y cordilleranas: “Por lo menos, estamos hablando de unos seis predios, en el sector de Alto Biobío”.
Agrega que “el problema de fondo es que esta situación deja en entredicho el Estado de Derecho y muestra la incapacidad del Estado para concretar los desalojos y lograr que esos terrenos no vuelvan a ser tomados”.
Casos sin fallos judiciales
Consultado respecto de las razones que explican las más de 130 mil hectáreas usurpadas en el sur, Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior e investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la U. San Sebastián, advierte que se presentan distintos escenarios. “En algunos casos, no hay fallo judicial que ordene el desalojo; en otros, no existe un contingente adecuado para realizar el procedimiento, y, también, hay situaciones que pueden derivar en enfrentamientos y bajas, tanto de civiles como de uniformados, que no es posible tolerar en democracia”, dice.
Acerca de los efectos de la Ley de Usurpaciones en la macrozona sur, descarta que la norma exhiba vacíos legales o inconsistencias para concretar los desalojos. “Lo que tenemos es una falta de capacidad operativa policial. Cuando hay una usurpación y una denuncia, la ley obliga a hacer el desalojo. ¿Pero cuál es la capacidad real de información para saber cuáles son los riesgos, para planificar y proyectar escenarios y para ejecutar las órdenes? En definitiva, tenemos que preguntarnos si nuestro sistema está en condiciones de materializar lo que las leyes establecen como un derecho”, enfatiza Harboe.
Fuente: El Mercurio
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