En medio del despliegue por la emergencia en la zona centro-sur, el Gobierno reiteró el llamado a acelerar la votación de la denominada “Ley de Incendios” que presentó hace más de dos años en el Congreso. Sin embargo, desde la oposición, persisten los frenos a la iniciativa, a lo que se sumaron los gremios forestales con críticas al perjuicio fiscal del rubro.
La emergencia por los incendios forestales que afectan al centro-sur del país ha vuelto a levantar la discusión legislativa sobre la denominada “Ley de Incendios”, propuesta en 2023 por el Gobierno de Gabriel Boric.
De acuerdo con el último informe de Senapred, más de 42 mil hectáreas han sido afectadas en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.
Ante el panorama, el Ejecutivo ha alzado la voz para que el proyecto avance en el Congreso. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, había emplazado a la Comisión de Hacienda, presidida por la senadora y futura ministra Ximena Rincón, donde la propuesta estuvo detenida.
Esta semana el comité despachó el proyecto a la Sala del Senado, a solo días de comenzar el receso legislativo.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que esperan que se vote con “celeridad” en el Congreso.
En la propuesta se incluye incorporar zonas de interfaz urbano-rural en los instrumentos de planificación para reducir los riesgos, mediante instrumentos como el uso de cortafuegos.
Qué propone el proyecto de Ley de Incendios que el Gobierno pide aprobar con urgencia
Desde la Asociación de Contratistas Forestales, el gerente René Muñoz, se refirió a la ley como una “expropiación encubierta”, asegurando que perjudicaría a los pequeños propietarios forestales.
“Un pequeño propietario, aproximadamente el 30% de su superficie la tiene que destinar a cortafuegos. Eso es casi expropiar, casi una ley de expropiación encubierta. Eso no lo va a hacer un pequeño propietario porque no va a tener los fondos para hacerlo”, afirmó.
Desde el gremio hicieron un llamado a los parlamentarios “a ser responsables” y a “escuchar las opiniones técnicas”, mientras el Gobierno espera que el proyecto pueda ser votado antes del inicio del nuevo ciclo político.
Asimismo, desde la Asociación de Contratistas Forestales, el gerente René Muñoz, se refirió a la ley como una “expropiación encubierta”, asegurando que perjudicaría a los pequeños propietarios forestales.
Frente a esto, la oposición realizó críticas por el financiamiento del proyecto. El senador de la UDI y miembro de la Comisión, Javier Macaya, criticó la carga fiscal que se supondría la iniciativa.
Desde el gremio hicieron un llamado a los parlamentarios “a ser responsables” y a “escuchar las opiniones técnicas”, mientras el Gobierno espera que el proyecto pueda ser votado antes del inicio del nuevo ciclo político.
Fuente: BiobioChile
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