En medio de las cenizas, en lo que hasta antes de la semana pasada era su hogar, miles de personas realizan labores de limpieza —para luego reconstruiren la comuna de Lirquén, en Penco. “Familia Riquelme Guarda” o “Familia Cisterna Pereira”, se leía los últimos días en carteles improvisados para identificar los terrenos de la denominada “zona cero” de los incendios de la Región del Biobío.
La escena no es inusual, pues cada verano en el país se registran siniestros con similares características. Solo en los primeros 20 días del año se han contabilizado al menos 215 delitos vinculados con siniestros forestales a nivel nacional, de acuerdo con información entregada por la Fiscalía Nacional. El detalle, con cifras de los últimos cinco años, permite saber cuántos ilícitos de esta naturaleza se investigaron penalmente y cómo acabaron estas pesquisas.
“Imposibilidad de superar el estándar de la duda razonable”
Entre 2020 y el 20 de enero de 2026 ingresaron a la fiscalía casi 11 mil casos que incluían delitos como incendio de bosques, porte de elementos para provocar incendios o estragos y uso ilícito de fuego, contemplado en la Ley de Bosques.
En ese período se registraron cerca de 13.500 términos de causas relacionadas con estos ilícitos, que incluye investigaciones de años anteriores que acabaron entre estos años. De estos, el 60% concluyó por archivo provisional y menos del 2% de los casos terminó con una sentencia condenatoria.
Desde la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Medioambientales de la Fiscalía Nacional explican que estos resultados se deben a la complejidad de las investigaciones, pues muchas veces el fuego destruye el sitio del suceso. Otras complejidades son la presencia de pruebas de difícil conservación o el uso de técnicas investigativas especializadas y la existencia de focos simultáneos.
En ese sentido, ejemplifican con uno de los tipos de término de causas: la decisión de no perseverar. Esta “constituye una facultad legal que permite no continuar con la investigación cuando se estima que no existen antecedentes suficientes para formular acusación contra un imputado, decisión que en ningún caso puede ser arbitraria, sino que dicha determinación deriva de la imposibilidad de superar el estándar de la duda razonable, como consecuencia de las complejidades propias de este tipo de delitos”, explican.
Los datos muestran, además, que entre 2024 y el año pasado hubo un aumento de casos ingresados. Al respecto, el Ministerio Público sostiene que, por un lado, “hay múltiples factores que podrían explicar este fenómeno”, como las condiciones climáticas, que “se han extremado en los últimos años, precisamente en ambas regiones (La Araucanía y Biobío)”. Además, añaden, “como Fiscalía Nacional hemos adoptado una serie de modificaciones para tipificar mejor este tipo de delitos, generando un mayor y mejor registro de denuncias, lo que nos permite tener una mayor representación del fenómeno”.
Brigadistas y bomberos, entre formalizados en el último año
Respecto del tipo de imputados, al menos entre los más recientes, hay características que se repiten y una llama la atención: un número significativo era funcionario público, perteneciente a una institución cuya labor era el combate del fuego.
Las formalizaciones realizadas han dado cuenta de al menos 13 funcionarios involucrados en este tipo de hechos entre 2024 y 2026. A su vez, al menos ocho personas — sin vínculo con entidades públicasfueron detenidas por provocar incendios, tanto por negligencia (4) como intencionalmente (4).
Por ejemplo, uno de los casos de mayor connotación pública ocurrió el 2 de febrero de 2024, cuando se produjo el incendio en Viña del Mar. En esa ocasión, 138 personas fallecieron producto del siniestro y los damnificados superaron los 12 mil.
El 23 de mayo, el capitán de la 13* Compañía de Bomberos de Valparaíso, José Jerez Camus, y el voluntario de la misma unidad, Matías Cordero de la Fuente, fueron formalizados, sumándose a otras siete personas que habrían participado en el inicio de los siniestros; en total, cinco de ellos bomberos y cuatro brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Todos quedaron en prisión preventiva y arriesgan penas de presidio perpetuo.
Un caso similar fue el de un voluntario de La Cruz, en la Región de Valparaíso, cuyo comportamiento quedó registrado en un video que lo muestra prendiendo un papel higiénico a un costado de un camino y lanzándolo a pastizales. El 10 de diciembre de 2025 fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Por este incidente acabaron quemadas cuatro hectáreas.
Más al sur, en la ciudad de Coronel, en la Región del Biobío, el 12 de enero pasado, Carabineros detuvo a otro bombero que, a su vez, era brigadista de Conaf, por su eventual participación en el inicio de un incendio forestal, en el sector de El Patagual, al que él mismo habría asistido a controlar. Está con prisión preventiva.
Estas indagatorias siguen en curso y, a la fecha, ninguno de los imputados ha sido condenado.
Las penas por uso de fuego, según lo estipulado en la Ley de Bosques, parten en los 61 días, pero la utilización de este elemento en cerros, bosques, pastos y otros lugares con vegetación puede alcanzar los 20 años de presidio, puntualizan desde la unidad especializada de la Fiscalía Nacional. El uso de fuego en áreas protegidas puede ser sancionado con penas de 61 días a tres años de cárcel.
Respecto de la última temporada, ayer el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó en Canal 13 que desde septiembre se han detenido 357 personas asociadas a incendios y “más de 130 de esas personas detenidas están vinculadas a delitos de incendio que han provocado riesgo en las personas”.
Fuente: El Mercurio
Comentarios (0)
No hay comentarios aún. ¡Sé el primero en comentar!
Deja un comentario