El miércoles pasado, a siete semanas del cambio de gobierno, el proyecto de Ley de Incendios fue despachado desde la comisión de Hacienda a la Sala del Senado. El avance legislativo estuvo precedido por el emplazamiento del Presidente Gabriel Boric al Congreso para que “se vote a la brevedad” la iniciativa, en el marco de los siniestros forestales que golpean con mayor fuerza a Biobío y Ñuble.
Algunas organizaciones, Incluso, solicitan al Gobierno que retire el proyecto, para que este sea tramitado en la próxima legislatura, que se inicia el 11 de marzo. Entre ellos está René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales. “Tal como está, el proyecto de Ley de Incendios no va a solucionar el problema. Este les traspasa a los pequeños y medianos propietarios de bosques la responsabilidad de detener los incendios, pero no dice nada en relación a la intencionalidad”, advierte.
Lo mismo hizo Óscar Crisóstomo (PS), gobernador de Ñuble, una de las zonas golpeadas por el fuego. Esa región, con más de 9 mil hectáreas arrasadas, casi quintuplicó la superficie quemada respecto de la temporada anterior. En su alegato, puso en la mesa que el Gore invirtió $15 mil millones en prevención, “pero resulta imposible evitar las emergencias”. Junto a “la falta de la Ley de Incendios”, pidió apurar la “regulación de barcelaciones” y el Plan de Ordenamiento Territorial, en trámite desde 2021.
Detalles de la iniciativa
El proyecto, ingresado por el Ejecutivo en octubre de 2023, busca regular la prevención y mitigación de incendios forestales y rurales en zonas de interfaz (frontera común) entre las áreas urbanas y rurales.
Al comentar la iniciativa, el senador PS José Miguel Insulza aseguró que la norma no dispone de financiamiento. “Es necesario decir cómo se va a financiar esto. Son un montón de obligaciones que se plantean, incluso a servicios públicos, y se hace condicionalmente a que haya los recursos”, sostuvo. Añadió que “el proyecto tiene un informe financiero, pero es insuficiente”.
A su juicio, “es una muy buena ley en materia de lo que debería ser la prevención de los incendios, pero, al mismo tiempo, hay que financiarla”. Afirmó, además, que el proyecto consagra el “deberán” y el “podrán”, más que el “deben” o “pueden”.
En tanto, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) opina que “este proyecto, lamentablemente, no aborda la persecución a los culpables de los incendios, no dota de mayores herramientas ni recursos a la fiscalía ni aborda otros temas”.
Gremios ligados a la actividad de bosques, por su parte, discrepan del enfoque de la norma y piden darle un carácter de ley marco.
Algunas organizaciones, Incluso, solicitan al Gobierno que retire el proyecto, para que este sea tramitado en la próxima legislatura, que se inicia el 11 de marzo. Entre ellos está René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales. “Tal como está, el proyecto de Ley de Incendios no va a solucionar el problema. Este les traspasa a los pequeños y medianos propietarios de bosques la responsabilidad de detener los incendios, pero no dice nada en relación a la intencionalidad”, advierte.
El secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales, Julio Torres, dice que “el proyecto es injusto porque se concentra en perseguir a los propietarios, que no son los que causan los incendios, y deja de lado los mecanismos para prevenir los siniestros”. También es proclive a detener la tramitación.
Cuatro pilares
Andrés Meneses, gerente de Políticas Públicas de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), sostiene que “el proyecto, si bien es un avance, no se hace cargo de algo esencial, que es disminuir la ocurrencia”.
Agrega que el proyecto “pone el foco parcialmente en medidas de prevención consistentes en más regulaciones sobre el suelo rural, sin considerar medidas de apoyo para quienes deberán cumplirlas”.
Para que la ley sea efectiva, Meneses postula que debe contemplar cuatro pilares: la prevención, como “patrullajes preventivos en rutas y sectores estratégicos cuando se anuncian condiciones meteorológicas favorables para la propagación de los incendios”; el combate, “para lo cual es necesario fortalecer las operaciones nocturnas, tanto aéreas como terrestres”; la investigación —"es fundamental entregar facultades intrusivas a las policías para que investiguen el origen de los incendios y lleguen a los responsables”, dice al respectoy la recuperación, “que en materia económica y ambiental debe considerar apoyo para la reforestación” porque sin una nueva cobertura vegetal se pueden desatar nuevas emergencias.
Fuente: El Mercurio
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