Por Ignacio Vera Izquierdo, gerente general de Forestal Santa Blanca
La COP30 pone sobre la mesa dos pilares centrales: limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C y asegurar una Transición Justa con financiamiento adecuado. En este contexto, la industria forestal de madera aserrada es un activo estratégico para la descarbonización, pero que enfrenta una presión económica insostenible.
La madera aserrada es una solución climática concreta, que integrada en la construcción sustituye materiales altamente emisores como el hormigón y asegura el secuestro de carbono durante décadas. Un sector maderero sólido equivale a un país que cumple con sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).
Chile ha dado pasos importantes. En marzo de 2025 implementó un estándar de certificación PEFC que refuerza la trazabilidad y el principio de “deforestación cero”, enviando una señal al mundo.
Pero, esta visión tropieza con la realidad comercial. La Transición Justa parece dejar de lado al sector, que enfrenta dos desafíos críticos:
Contracción interna: el estudio “Comercialización de la Madera Aserrada en Chile” del Instituto Forestal (INFOR, 2025) muestra que la producción de 2023 alcanzó 6,89 millones de m³, reflejando la debilidad de la demanda interna, golpeada por la crisis de la construcción. Si no dinamizamos el mercado nacional, la base de la industria se erosiona. La solución pasa por que el Estado reconozca formalmente la madera como material estratégico en vivienda social y obra pública. Esta política inyectaría dinamismo, estabilizaría la industria y aceleraría la descarbonización de nuestras ciudades.
Arancel de EE. UU.: la decisión de aplicar un arancel adicional del 10% a las importaciones de maderas de coníferas desde octubre de 2025 golpea directamente al 83,1% de nuestras exportaciones, concentradas en productos remanufacturados de mayor valor. La medida castiga la competitividad y amenaza la capacidad de inversión de medianos y pequeños aserraderos. El riesgo colateral es el desvío de la oferta canadiense, que podría desplazar la madera chilena en mercados clave de Asia y Latinoamérica.
Chile debe negociar contra este arancel para proteger un sector clave en la diversificación económica y en el cumplimiento de nuestras metas climáticas. Es justo reconocer las gestiones de la Sofofa, lideradas por su presidenta Rosario Navarro, en defensa de la competitividad internacional.
No podemos permitir que el principal sumidero de carbono de nuestra economía productiva se debilite por falta de visión y acción. Una industria forestal de madera aserrada fuerte, competitiva e innovadora es condición indispensable para que Chile alcance la carbono neutralidad. La COP30 no debe ser solo un espacio para hablar de la Amazonía: es el momento de actuar estratégicamente sobre nuestros propios activos climáticos.
La columna en nuestra Revista Contratistas Forestales
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