El primero y el último atentado registrados en la Macrozona Sur durante 2025 tuvieron como blanco la industria forestal. El año comenzó el 1 de enero con un ataque de la Weichan Auka Mapu (WAM) en Los Álamos, Región del Biobío, donde se adjudicaron la quema de cuatro camiones y una camioneta de Forestal Arauco. El ciclo de violencia cerró el 31 de diciembre en Collipulli, Región de La Araucanía, con un atentado incendiario que destruyó otros dos camiones forestales. Así, de los 69 hechos violentos registrados por el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero en 2025, 27 estuvieron dirigidos contra este sector.
El sábado 23 de agosto quedará como una de las jornadas más negras para La Araucanía. En un lapso de apenas 18 horas se registraron dos atentados; el último, ocurrido cerca de las 22:30 en el predio Los Prados, comuna de Victoria, dejó como saldo el asesinato de Manuel León Urra (60) y graves heridas de bala para César Osorio (50). Ambos se desempeñaban en Green America, firma que presta servicios de resguardo patrimonial para la CMPC. Aquella noche, cuatro sujetos con armas largas y chalecos antibalas emboscaron a las víctimas, en un hecho que el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, calificó formalmente como una “emboscada”.
Pese al Estado de Excepción, la actividad forestal sigue siendo el blanco principal de los grupos radicales en la Macrozona Sur, sumando siete ataques solo en diciembre. El escenario de inseguridad llevó a que la Asociación de Contratistas Forestales A.G. (Acoforag) presentara una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue acogida el 22 de diciembre. El texto alude al incumplimiento del Convenio 187, acerca del Marco Promocional para la Seguridad y la Salud en el Trabajo por parte del Estado de Chile.
“La política de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser una política realista y que se aplique. Hoy día nosotros no vemos que el Estado garantice la seguridad de los trabajadores y de los contratistas forestales. O sea, no hay herramientas que nos garanticen eso. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Que el Estado nos garantice que podemos trabajar libremente en un ambiente de tranquilidad y que no se esté en el fondo atentando con la vida y la salud de los trabajadores”, dijo a El Líbero René Muñoz, gerente de Acoforag.
El impacto sobre el sector no solo fue humano, sino también operacional y económico. De los 27 atentados dirigidos contra la industria forestal, 21 se concentraron en la Región de La Araucanía. En términos materiales, la ofensiva violenta resultó en la destrucción o daño de 74 equipos y maquinarias, con pérdidas que, según estimaciones del sector, se acercan a los $9 mil millones.
Atentados cayeron solo 10%, con respecto a 2024
El Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero registró un total de 69 hechos violentos en 2025, lo que representa una baja del 10% en comparación con los 77 ataques contabilizados en 2024. La violencia se concentró principalmente en La Araucanía (51), seguida de Biobío (15) y Los Ríos (3), mientras que la Región de Los Lagos no registró incidentes.
En esa línea, las comunas más afectadas se ubican en la Región de La Araucanía. El foco del conflicto se mantuvo en las comunas de Ercilla (11 hechos), Collipulli (8), y Angol, Victoria y Los Sauces, con 5 atentados cada una.
Sin embargo, esta disminución en la frecuencia no se tradujo en una menor peligrosidad. Por el contrario, el indicador revela un aumento en la magnitud de los ataques: el número de víctimas ascendió de 100 en 2024 a 124 en 2025, y los bienes afectados pasaron de 176 a 250.
En entrevista con El Diario de Cooperativa el pasado 14 de octubre, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, señaló que, si bien la persecución penal ha sido efectiva y los hechos de violencia han disminuido casi en un 70% en comparación con 2021, “los grupos, aunque cometen menos acciones, son cada vez más violentos y atacan directamente a la población”.
Por ejemplo, los meses de octubre y noviembre estuvieron marcados por la violencia en las rutas. Uno de los episodios más críticos ocurrió el 12 de octubre, cuando un grupo armado interceptó el tránsito en el cruce Pidima, en plena Ruta 5 Sur. Los atacantes efectuaron múltiples disparos y quemaron un vehículo que mantenía encargo por robo. El nivel de fuego cruzado obligó a suspender preventivamente el tránsito entre Collipulli y Victoria, dejando además un saldo de dos heridos. El peritaje balístico en el lugar fue revelador: se identificó el uso de al menos cuatro armas de fuego, de las cuales dos eran fusiles de guerra.
Las querellas por terrorismo
Del total de 69 episodios de violencia registrados en 2025, 20 fueron adjudicados por alguna de las orgánicas radicales que operan en el sur. La Weichan Auka Mapu (WAM) lideró las adjudicaciones con 8 ataques, seguida por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) con 6, la Resistencia Mapuche Malleco (RMM) con 4 y la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) con 2.
Ante este escenario, el Gobierno utilizó la nueva Ley Antiterrorista para calificar formalmente a estas cuatro agrupaciones como asociaciones terroristas. La ofensiva legal comenzó el 25 de abril contra la WAM, tras el atentado al proyecto hidroeléctrico Rucalhue. Con la quema de casi 50 camiones, ese hecho fue considerado como el mayor acto terrorista ocurrido en la Provincia de Biobío.
En menos de dos meses, el Ejecutivo extendió esta calificación a la RML, por un ataque en Contulmo, y a la RMM, tras la quema de un centro de residuos en Collipulli.
La última organización en ser incluida bajo esta figura fue la CAM. El Ministerio de Seguridad Pública presentó una querella en Carahue por un atentado ocurrido la madrugada del 23 de agosto, donde resultaron destruidas cinco maquinarias y diversas instalaciones. En el libelo, el Gobierno no solo imputa el carácter terrorista a la CAM, sino que enumera ocho atentados vinculados al grupo desde 2022 para fundamentar la asociación ilícita.
Sobre la CAM, El Líbero dio a conocer que su exvocero Juan Pichún al momento de ser detenido en junio de este año era Agente Comunitario del Programa Reparacion DD.HH. de la Municipalidad de Traiguén por lo que recibía una remuneración bruta de $950.000. Después de decretarse su prisión preventiva debió renunciar a la municipalidad.
Escaladas violentas
Las decisiones judiciales y detenciones de figuras emblemáticas también actuaron como detonantes de violencia durante 2025. Uno de los hitos más complejos fue la detención del lonko de la comunidad de Temucuicui, Víctor Queipul, el 10 de junio en Temuco.
El episodio se originó cuando Queipul acudió a la Dirección de Gendarmería para exigir la autorización de una ceremonia mapuche en la cárcel de Angol. Dado que las autoridades no accedieron a sus condiciones, el lonko se negó a abandonar las dependencias. Por esto, la Fiscalía le imputó el delito de atentado contra la autoridad por la toma de la oficina. Durante el desalojo, Queipul agredió a dos funcionarios, sumando una imputación por lesiones menos graves. Sin embargo, lo más alarmante ocurrió antes de su arresto definitivo, cuando lanzó amenazas públicas a través de los medios: “Esta cuestión es sin llorar. Ojalá que cuando les pase algo no anden pidiendo justicia y que los ayude”. Y también señaló: “Cuidado, en algún momento, cuando no sean funcionarios, nos podemos encontrar por ahí. Se los digo yo aquí, públicamente”. Estas declaraciones le valieron una tercera imputación por el delito de amenazas.
Queipul permaneció detenido hasta el 12 de junio, periodo en el cual se registró una violenta escalada de represalias: entre el 11 y el 13 de junio se concentraron cinco de los seis ataques ocurridos en toda la Macrozona Sur durante ese mes: hubo ataques incendiarios contra iglesias y camiones, se levantaron barricadas, se registraron disparos en rutas y un carabinero resultó herido de bala en una pierna. Tras la liberación de Queipul hubo una pausa en los hechos violentos.
En noviembre hubo una escalada similar. El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete sentenció a 24 años de presidio a Miguel Llanquileo Cona y Eric Montoya Montoya. Los hombres, integrantes de la WAM, al ser detenidos tenían en su poder dos granadas, una subametralladora, una carabina y cerca de 500 municiones de distinto calibre. Tras conocerse la condena, el grupo radical se adjudicó cuatro atentados incendiarios en 48 horas.
Quien también fue declarado culpable es Alejandro Andrés Liguen Venegas, por el homicidio del inspector de la Policía de Investigaciones (PDI) Luis Morales Balcázar, ocurrido el 7 de enero de 2021 durante un fallido operativo en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla.
Otro hecho que marcó el 2025 fue un lienzo con la inscripción: “Advertencia: si no cumplen Ley 20b ‘su aeropuerto’ explotará”, que fue dejado en el cerco perimetral del Aeropuerto La Araucanía (comuna de Freire), entre la noche del lunes 27 de octubre y la madrugada del martes 28; período en el que además encendieron barricadas en las inmediaciones del terminal aéreo.
El último atentado de 2025 y el primero de 2026
El año 2025 cerró tal como comenzó: con la industria forestal en la mira. La madrugada del 31 de diciembre, un ataque armado sacudió la comuna de Collipulli, específicamente en el ex Fundo Santa Balbina. Cerca de las 05:00 horas, tres encapuchados armados con escopetas irrumpieron en el recinto de la Agrícola Juan Gallardo, intimidando a los trabajadores que iniciaban su jornada para obligarlos a descender de sus máquinas.
Tras rociar las cabinas con líquido acelerante, los atacantes destruyeron por completo dos camiones forestales. En el sitio, la PDI halló panfletos que exigían la libertad de los denominados “presos políticos mapuches” y proclamaban la salida de las forestales de la zona, mencionando a figuras como Alex Lemún y Camilo Catrillanca. Pese al despliegue de Carabineros, el año terminó sin detenidos por este hecho, dejando el registro anual del Indicador de El Líbero en 69 atentados.
viernes 2 de enero se registró el primer atentado de 2026 en la comuna de Nueva Imperial. En una acción coordinada en el sector rural La Junta, desconocidos destruyeron dos máquinas excavadoras pertenecientes a distintas empresas de extracción de áridos.
La separación de 500 metros entre ambos focos de fuego sugiere, según la Fiscalía, una planificación deliberada. Aunque en este primer ataque del año no se encontraron lienzos ni adjudicaciones, el comisario Jorge Chavarría de la BIPE Temuco confirmó la intencionalidad de terceros, marcando un inicio de ciclo que mantiene la tendencia de 2025: ataques en zonas rurales próximas a radios urbanos y una focalización en maquinaria productiva.
Fuente: El Líbero
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