Atentados terroristas a contratistas forestales se concentran en diez comunas de la macrozona sur

Un total de diez comunas de la macrozona sur concentran la mayor cantidad de atentados contra contratistas forestales entre los años 2014 y 2025, evidenciando la persistencia de la violencia rural en zonas clave para la actividad productiva forestal.

Así lo revela un informe elaborado por la Acfoforag, que sistematiza más de una década de hechos de violencia dirigidos al sector.

De acuerdo con el documento, la comuna de Collipulli, en la Región de La Araucanía, encabeza el listado con 53 atentados, posicionándose como el territorio más afectado durante el período analizado. Le sigue Lumaco, también en La Araucanía, con 43 ataques, y Contulmo, en la Región del Biobío, con 42 hechos violentos, configurando un eje crítico de inseguridad para los contratistas forestales.

La distribución territorial confirma que la violencia no es un fenómeno aislado, sino persistente y focalizado en comunas donde la actividad forestal tiene un fuerte arraigo productivo y laboral.

René Muñoz, gerente de Acoforag, sostuvo que el informe pone en evidencia que La Araucanía y el Biobío concentran la totalidad de las comunas del listado, reflejando el impacto sostenido del conflicto en estas regiones. “Para los contratistas forestales, esta realidad ha significado no solo pérdidas económicas asociadas a la quema de maquinaria, camiones e instalaciones, sino también un permanente riesgo para la seguridad de trabajadores y sus familias”, afirmó.

Desde el sector forestal han advertido reiteradamente que la continuidad de estos atentados genera un clima de inseguridad estructural, afectando la inversión, el empleo local y la estabilidad de las cadenas productivas asociadas al rubro. Asimismo, han señalado que muchos de estos hechos no solo buscan dañar infraestructura, sino también intimidar y expulsar la actividad productiva de determinados territorios.

A más de diez años del inicio del período analizado, el ranking de comunas más afectadas vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de medidas de seguridad focalizadas, coordinación interinstitucional y apoyo efectivo a las víctimas de la violencia rural, en un contexto donde el sector forestal continúa siendo uno de los más expuestos en la macrozona sur del país.