Sin ceremonia en La Moneda ni actividad en el Congreso. Sigilosamente, el Gobierno ingresó el proyecto para el reconocimiento, calificación y reparación, cuando corresponda, de víctimas de violencia del conflicto intercultural y territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, del cual se dio cuenta en la sesión de sala del martes en el Senado.
La propuesta tiene su origen en parte de las sugerencias de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, creada por mandato del Presidente Gabriel Boric.
Justamente, ahí surge la controversia, porque la Comisión había recomendado, entre otros aspectos, indemnizar a las víctimas, incluso como un principio rector en el proyecto de ley entregado en el anexo del informe final de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Sin embargo, el texto ingresado por el Gobierno no lo contempla.
De las compensaciones dio cuenta recientemente una información de “El Mercurio”, por lo que ahora la sorpresa es mayúscula entre los legisladores de la macrozona sur, que acusan al Ejecutivo de redactar el proyecto con “letra chica”, por no incluir retribuciones económicas a las víctimas de la violencia.
En sus artículos 17 al 22, la iniciativa plantea crear el Programa de Atención de Víctimas de Violencia del Conflicto Intercultural y Territorial.
Lejos de las expectativas, la norma contempla medidas de atención psicológica, jurídica y social, mecanismos de reposición de actividades económicas y sociales, acceso a beneficios en materia de vivienda, salud y educación, así como acciones de memoria, diálogo, convivencia y prevención de la violencia.
Envío en medio de fiestas de fin de año
En concordancia, el informe financiero que acompaña al proyecto indica explícitamente que la iniciativa no irrogará mayor gasto fiscal, añadiendo que para la entrega de medidas de reparación, se contemplan en total $6 mil millones anclados ya en el Programa de Violencia Rural, de la Subsecretaría del Interior.
Fue esa repartición la que informó en redes sociales acerca de la presentación del proyecto sobre mecanismos de reparación, explicando que se habían recogido tres “recomendaciones centrales” de la Comisión para la Paz y el Entendimiento; ninguna referida a dar compensaciones a las víctimas de la violencia.
Se desprende así, de forma cronológica, que la iniciativa ingresó al Congreso el miércoles 24 de diciembre de 2025; cinco días después, la Subsecretaría del Interior informó, vía comunicado, del envío del proyecto de ley al Parlamento, del que recién se dio cuenta el martes pasado, por las dos semanas de receso de fin de año. Solo después de todo eso se pudo conocer el contenido literal del texto de La Moneda.
“Una estafa”
Alertados por este diario, los legisladores de la macrozona sur Joanna Pérez (Demócratas) y Flor Weisse (UDI), ambas de la Región del Biobío; y el diputado y senador electo por La Araucanía, Miguel Ángel Becker (RN), se mostraron decepcionados al enterarse de que no habría compensaciones para las víctimas de la violencia.
Ante eso, las recriminaciones fueron duras. Weisse tildó el proyecto como una “estafa digitada y avalada por Boric. Los delincuentes del “estallido tienen más reparaciones económicas”.
Para Becker, el texto “tiene una letra chica inaceptable. No contempla indemnización ni compensación económica alguna para quienes lo han perdido todo producto de la violencia y el terrorismo” en el sur.
Pérez dijo haber denunciado públicamente que esto ocurriría: “Había que ser cauteloso con los anuncios de este Gobierno, porque no nos olvidamos cómo llegan a gobernar con un eslogan vacío, de no más AFP no más isapres (...) y estos anuncios de último minuto también son mensajes vacíos”.
Mientras el Ejecutivo no le coloque urgencia, la tramitación del proyecto es improbable.
Fuente: El Mercurio
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