Con el objetivo de enfrentar los riesgos de la temporada de incendios forestales 2026-2027, se presentó un plan de protección que combina educación preventiva, vigilancia y despliegue de recursos humanos y técnicos. La estrategia busca anticiparse a escenarios complejos, marcados por el aumento de las temperaturas y las condiciones que pueden favorecer la propagación del fuego.
Uno de los principales ejes será la prevención en comunidades educativas. La iniciativa contempla capacitaciones sobre los peligros del fuego, la construcción de cortafuegos y la reducción de vegetación que pueda facilitar la propagación de las llamas. El propósito es promover una cultura preventiva desde edades tempranas y preparar a las comunidades antes del período de mayor riesgo.
En materia de vigilancia, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) dispondrá de 40 torres de observación, 15 puestos fijos y 340 cámaras de televigilancia, junto con centrales de coordinación operativas las 24 horas. El despliegue también considera drones y 26 brigadas nocturnas entre las regiones de Coquimbo y Magallanes.
Para el combate de incendios, Conaf contará con 319 brigadas especializadas, integradas por 3.778 brigadistas, además de 77 aeronaves y maquinaria para enfrentar emergencias. La flota aérea incluye aviones cisterna, aeronaves de coordinación y observación, helicópteros de distintas capacidades y un avión Large Air Tanker. La cantidad de aeronaves se mantiene respecto de la temporada 2025-2026.
El presupuesto destinado al plan alcanzará los $166.660 millones, frente a los $160.803 millones del período anterior. Asimismo, la estrategia incorpora más de 40 protocolos y convenios de coordinación con organismos públicos, Bomberos y representantes del sector forestal, con el fin de fortalecer el trabajo conjunto en prevención y respuesta ante emergencias.
Con estas medidas, el plan busca mejorar la detección temprana, reforzar la preparación territorial y optimizar la capacidad de respuesta frente a incendios forestales, en una temporada donde la prevención y la coordinación entre instituciones y comunidades serán fundamentales para reducir sus impactos.
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