La revelación sobre una inminente disminución de las vitales fiscalizaciones a los camiones madereros en las diversas rutas principales y secundarias de La Araucanía encendió de inmediato todas las alarmas en la industria. La polémica medida, originada por el colapso de recintos para albergar maquinaria incautada en procedimientos policiales, generó el rápido rechazo de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag). René Muñoz, gerente del gremio, criticó fuertemente la decisión en una entrevista, argumentando que el Estado no puede frenar la aplicación de la ley por un obstáculo logístico, justo cuando la inédita coordinación había logrado acorralar mafias y reducir este millonario ilícito a niveles históricos en la región.
El conflicto cobró notoriedad tras revelarse en la prensa que Carabineros informó oficialmente a la Seremi de Seguridad su imposibilidad material de mantener los controles viales regulares, dado que las comunas de la zona carecen de espacio disponible para guardar los grandes camiones de carga decomisados.
Ante el enorme revuelo público y los posibles roces interinstitucionales que generó la medida, el seremi de Seguridad de La Araucanía, Israel Campusano, debió salir a aclarar que no existe molestia alguna ni reparos con el intenso trabajo que despliegan las policías. La autoridad detalló que el único obstáculo real es la crítica falta de aparcaderos, una severa traba preventiva que incluso los llevó a consultar formalmente a la Contraloría General de la República quién debe administrar estos recintos colapsados.
SECTOR ADVIERTE PELIGROSO MENSAJE DE IMPUNIDAD
Para Acoforag, las justificaciones del Gobierno no son respaldo suficiente para suspender una tarea policial crítica para la subsistencia del rubro. René Muñoz aseguró que apartarse de las vías de circulación es una medida errática, opuesta al esfuerzo por desbaratar a las agrupaciones que lucran con el robo forestal. Abandonar los controles, advierte, podría ser interpretado por los grupos criminales como un permiso para operar a gran escala.
El robo de madera no abarca solo camiones en tránsito, sino una cadena delictual que nace al interior del bosque e involucra maquinaria especializada y aserraderos portátiles que deben ser enviados a corrales. Para reducir esa saturación, el gremio propone concentrar la vigilancia en rutas troncales que conducen a los grandes centros de consumo.
A pesar del traspié logístico, el ilícito maderero ha retrocedido entre un 80 y un 90 por ciento respecto a hace cinco años, impulsado por la ley de 2022, que integró protocolos y trazabilidad entre Conaf, el Sll, Carabineros y las empresas afectadas.
Con todo, el sector espera que esa voluntad legislativa se extienda a otro flanco. “Esperaríamos que eso también se pueda extrapolar a la violencia rural que nos destruye nuestros equipos”, concluyó Muñoz, apelando al Estado para frenar la problemática que golpea a sus trabajadores desde 1997.
Fuente: La Tribuna
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