Estudio UDD revela que sector forestal tuvo pérdidas por US$ 124 millones por atentados entre 2019 y 2024

A casi 4 años de la implementación del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, ya se encuentra disponible la edición N°61 del Boletín Regional del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales Faro UDD, titulada “Inseguridad en la Macrozona Sur y su impacto en la industria forestal”. El informe analiza cómo la persistencia de la violencia ha impactado la actividad silvícola, el empleo y la inversión, así como sus efectos en el desarrollo regional y la percepción de impunidad.

El conflicto se intensificó desde la década de 1990, con la aparición de organizaciones radicalizadas como CAM, WAM, RML y RMM, responsables de ataques contra infraestructura pública y privada, especialmente del sector forestal.

Viviana Véjar, economista y profesora investigadora de Faro UDD, afirmó que entre 2019 y 2024, se registraron 629 ataques incendiarios en la macrozona sur, con pérdidas cercanas a US$ 124 millones. "¿Qué efecto ha tenido este nivel de violencia en la actividad económica y en la inversión en la zona? La violencia ha golpeado con fuerza la economía de la macro zona sur, ha provocado pérdidas en infraestructura y maquinaria, y ha generado una incertidumbre que frena la inversión privada. Los ataques elevan los costos, retrasan proyectos y hacen que muchas empresas no se expandan o se retiren. En la práctica, esto debilita la confianza y el crecimiento de una zona con alto potencial productivo. En el Biobío, la producción de madera cerrada cayó treinta y ocho por ciento entre dos mil dieciséis y dos mil veintitrés, y la superficie plantada disminuyó once por ciento. ¿Qué explica este retroceso en uno de los sectores productivos más importantes de la región? Este retroceso responde a varios factores, pero la inseguridad sostenida es central. La industria forestal necesita planificación de largo plazo, resguardo y certezas para invertir y producir.", remarcó.

Impacto productivo en la industria forestal

La actividad forestal es el principal sector exportador del Biobío y mantiene un peso relevante en La Araucanía. Entre 2018 y 2025, las exportaciones forestales del Biobío alcanzaron cerca de US$38 mil millones. Sin embargo, diversos indicadores muestran un deterioro sostenido en la actividad productiva.

Entre 2016 y 2023, la plantación anual en el Biobío disminuyó 11 %, mientras que la producción de madera aserrada cayó 38 %. En La Araucanía, la superficie plantada se redujo 32 % entre 2019 y 2023 y la producción de madera aserrada bajó 23 % entre 2016 y 2023. En el mismo período cerraron 59 aserraderos en ambas regiones, reflejando la contracción del sector.

Brechas territoriales en la producción

El análisis provincial confirma estas tendencias. En el Biobío, la producción de madera aserrada se concentra en Arauco y Biobío, pero entre 2013 y 2023 se registraron caídas de 24 % en Arauco y 68 % en Concepción, mientras que la provincia del Biobío mostró una reducción de 2 %.

En La Araucanía, la brecha entre provincias también es significativa. Cautín registró una producción promedio de 787 mil m³ anuales, frente a 99 mil m³ en Malleco, donde además la producción se redujo 52 % en la última década.

Impacto en empleo y desarrollo regional

La caída de la actividad forestal también se refleja en el mercado laboral. Entre 2016 y 2023, el empleo del sector disminuyó aproximadamente 38 % en el Biobío y 17 % en La Araucanía.

Este escenario convive con indicadores sociales rezagados. La Araucanía presenta una pobreza multidimensional de 19,8 % (CASEN 2022), una de las más altas del país, lo que evidencia las dificultades para transformar su base productiva en mayores niveles de bienestar.

Impunidad y debilidad institucional

En paralelo, la persecución penal presenta resultados limitados. Solo cerca del 3 % de las causas vinculadas a violencia rural termina en formalización y alrededor del 4 % en condena, mientras que aproximadamente el 80 % de los casos se cierra sin perseverar en la investigación.

Desafíos de política pública

Frente a este escenario, el análisis plantea la necesidad de avanzar en medidas simultáneas en seguridad, justicia y desarrollo económico. Entre ellas, fortalecer la presencia del Estado con estrategias de seguridad permanentes, mejorar la capacidad investigativa y acelerar la respuesta judicial.

Asimismo, se propone implementar programas de reparación económica para las víctimas, incluyendo subsidios de reconstrucción, exenciones tributarias temporales y acceso preferente a crédito, junto con una estrategia de desarrollo territorial de largo plazo que promueva inversión, diversificación productiva y mayores oportunidades para las comunidades locales.