El Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció que el Gobierno impulsará modificaciones al Estado de Excepción que rige desde hace casi cuatro años en la Macrozona Sur, medida implementada a raíz de los hechos de violencia registrados en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en Cautín y Malleco, en La Araucanía.
El Mandatario calificó como “un desafío” poner fin a esta medida constitucional durante su administración, aunque advirtió que el proceso podría tomar tiempo. En esa línea, adelantó que en los próximos meses se aplicarán ajustes orientados a fortalecer el control en sectores considerados críticos.
Kast enfatizó que los cambios no necesariamente implicarán nuevas iniciativas legislativas, sino que responderán a acuerdos operativos con las Fuerzas Armadas y de orden desplegadas en el territorio, evitando entregar detalles específicos de las medidas.
Pese a ello, aseguró que en las próximas semanas se concretarán ajustes en la estrategia de seguridad, con el objetivo de avanzar hacia la “normalización” de la zona. Sin embargo, detalló que el enfoque del Ejecutivo apunta a fortalecer la inteligencia por sobre el uso de la fuerza.
En el marco de estos anuncios, Kast también se refirió a la situación en Temucuicui, comunidad mapuche ubicada en la comuna de Ercilla, señalando que se evalúan mayores restricciones para el ingreso y salida de personas en el sector.
MEDIDA NECESARIA, PERO INSUFICIENTE
Respecto al anuncio de Kast sobre las eventuales modificaciones al Estado de Excepción que rige hace casi cuatro años en la Macrozona Sur, el académico e investigador de Faro UDD, Jorge Cordero, sostuvo que los cambios no serían sustanciales en el corto plazo y que su implementación requiere un análisis “pausado y reflexionado”.
El especialista explicó que, si bien el Ejecutivo ha planteado ajustes, no se observa -por ahorauna transformación de fondo en la medida. “No se observa que haya cambios fundamentales en la medida implementada y, efectivamente, creo que analizar las modificaciones que se pueden hacer al Estado de Excepción es algo que va a tomar tiempo; no se puede hacer de la noche a la mañana”, detalló Cordero.
En ese sentido, el experto enfatizó que cualquier modificación al Estado de Excepción debe considerar sus implicancias y ser previamente discutida con actores clave. A su juicio, el proceso debe involucrar al recientemente creado Ministerio de Seguridad, así como a parlamentarios de las regiones afectadas, quienes — dijocumplen un rol esencial en la representación de la ciudadanía. Respecto a la posibilidad de acotar territorialmente la medida, el académico planteó que el Estado de Excepción ya operaba con cierto grado de focalización en zonas donde se concentran hechos de violencia. Por ello, llamó a evaluar con cautela qué tan significativos serían los cambios propuestos en ese ámbito.
En cuanto a la efectividad de esta herramienta, Cordero fue enfático en señalar que se trata de una medida “necesaria”, pero que puede transformarse en un “arma de doble filo”. En ese sentido, advirtió que el uso prolongado de mecanismos excepcionales puede terminar normalizándolos. “Cuando tú abusas de medidas excepcionales, dejan de ser excepcionales y pasan a ser la regla”, afirmó.
El investigador también alertó que la persistencia de hechos violentos en un contexto donde ya se aplica el Estado de Excepción evidencia limitaciones del Estado para abordar el conflicto. “Si la violencia aumenta cuando ya tienes tu mecanismo excepcional en uso, surge la pregunta de qué queda después", planteó.
Asimismo, Cordero destacó la importancia de no reducir la situación en la Macrozona Sur únicamente a un problema de seguridad. En esa línea, insistió en la necesidad de diferenciar entre los grupos violentos y las demandas históricas de las comunidades mapuche, relacionadas principalmente con tierras, reconocimiento y políticas públicas pendientes.
“El riesgo es creer que esto es solo un problema de seguridad e ignorar lo demás”, sostuvo, agregando que esa omisión podría contribuir a una mayor radicalización. Según explicó, en las últimas décadas se ha evidenciado un aumento tanto en la cantidad de organizaciones radicales como en la gravedad de los delitos asociados, incluyendo vínculos con otras actividades ilícitas.
Frente a este escenario, el académico planteó que una estrategia efectiva debe combinar acciones de control de la violencia con medidas políticas y sociales. Entre ellas, mencionó la necesidad de mejorar la gestión de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), agilizar los procesos de compra de tierras y avanzar en compromisos ya establecidos.
Otro punto que relevó fue la necesidad de generar políticas de reparación para las víctimas de la violencia en la zona. “Hoy no solo existe una deuda con los pueblos indígenas, sino también un nuevo grupo de víctimas que requiere atención del Estado”, afirmó, señalando que este tipo de mecanismos han sido implementados en otros países que han enfrentado conflictos similares.
Finalmente, Cordero hizo un llamado a ampliar la responsabilidad en la búsqueda de soluciones, destacando el rol del Poder Legislativo. En su opinión, existe una baja exigencia hacia los parlamentarios de la Macrozona Sur en cuanto a la generación de propuestas concretas. “Se ha privilegiado la retórica por sobre la articulación de soluciones”, criticó.
De esta manera, el debate sobre el futuro del estado de excepción se instala no solo en el plano de la seguridad, sino también en la necesidad de avanzar hacia un abordaje integral que considere las múltiples dimensiones del conflicto en el sur del país.
Fuente: La Tribuna
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