La discusión sobre la continuidad del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur sumó un nuevo antecedente. La Multigremial de La Araucanía difundió su informe de marzo de 2026, en el que sostiene que la disminución de hechos violentos registrada en los últimos años no representa el término del conflicto, sino un escenario de contención frágil marcado por capacidad operativa remanente, movilidad territorial y alto impacto económico.
El reporte consigna dos hechos de violencia durante marzo y un acumulado de cinco en el primer trimestre de este año. La serie histórica presentada por la organización muestra 72 casos en 2021, 60 en 2022, 68 en 2023, 37 en 2024 y 17 en 2025, considerando hechos ocurridos en Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Sin embargo, el eje del documento no está en la caída de las cifras, sino en la lectura política de esos datos. Según la Multigremial, cada debilitamiento del Estado de Emergencia fue seguido por rebrotes de violencia, por lo que advierten que retirar herramientas extraordinarias sin neutralizar previamente a los grupos activos podría abrir un nuevo ciclo de escalada.
Con militares los ataques siguen
El informe divide la evolución reciente en cuatro etapas. La primera corresponde al Estado de Emergencia “completo”, entre octubre de 2021 y marzo de 2022, periodo en que se registró un promedio de 21 hechos mensuales. Luego identifica una fase de “debilitamiento del Estado”, entre marzo de 2022 y junio de 2023, cuando el promedio subió a 33 ataques mensuales y se alcanzó un peak de 42.
La tercera etapa, descrita como “reacción tardía”, se extiende entre julio de 2023 y febrero de 2024, con 23,8 hechos mensuales. Finalmente, desde marzo de 2024 a marzo de 2026, el gremio ubica una fase de reducción, con 4,8 hechos por mes, aunque insiste en que no existe una desarticulación real de las estructuras violentas que operan en la zona.
Marzo: Desplazamiento territorial
En marzo, la totalidad de los hechos reportados correspondió a atentados incendiarios ocurridos en la Región de La Araucanía, específicamente en las comunas de Lautaro y Teodoro Schmidt. En enero, en tanto, se consignaron ataques armados en Curanilahue, Angol y Concepción.
Para la organización, aquello demuestra que la violencia no desapareció, sino que modificó su comportamiento. El texto sostiene que durante 2026 los ataques se distribuyeron en distintas provincias y comunas, descartando una focalización rígida y evidenciando una estrategia adaptable que aprovecha vacíos territoriales.
Menos ataques, mayor impacto
Otro de los puntos destacados es que la menor frecuencia no implica una reducción equivalente en la gravedad de los hechos. Como ejemplo, el informe recuerda el asesinato de tres carabineros en Cañete en abril de 2024 y el atentado contra Rucalhue en enero de 2025, donde fueron destruidas más de 50 máquinas.
En esa línea, la Multigremial afirma que en los últimos 24 meses se consolidó una tendencia de “menor frecuencia, mayor intensidad”, advirtiendo que normalizar un promedio de 4,8 atentados mensuales sería inaceptable bajo cualquier estándar de seguridad pública.
Golpe económico
El reporte también pone el foco en el costo económico del conflicto. Entre marzo de 2024 y marzo de 2026, cifra en más de 110 camiones quemados las pérdidas sufridas por contratistas forestales, constructoras y plantas de áridos, equivalente a 1,3 camiones incendiados por semana.
Añade que solo el atentado de Rucalhue provocó daños estimados entre US$5 y US$7 millones. A ello se suma que los contratistas forestales habrían perdido 49 camiones entre 2024 y 2025, con un perjuicio total calculado en US$22,4 millones.
Siete grupos activos y 35% de ataques adjudicados
En su capítulo final, el documento sostiene que un 35% de los atentados fueron adjudicados y que se identifican 39 hechos ejecutados por siete grupos distintos, entre ellos la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Weichan Auka Mapu y Resistencia Mapuche Lafkenche, además de otras siglas consignadas en el reporte.
La conclusión del gremio es directa: la violencia no ha sido derrotada, sino contenida. Por ello, plantea mantener la presencia reforzada del Estado, recuperar el control territorial y avanzar en la desarticulación completa de las organizaciones activas. “Esto no está resuelto. Está contenido”, cierra el informe.
La advertencia del dirigente
Consultado por Radio Bío Bío, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, reforzó esa postura, al indicar que “el doble retiro del estado de emergencia en la zona sur puede ser una decisión anticipada y, al menos, riesgosa. Sabemos que cuando no existió esta medida, o cuando se levantó, los hechos graves de violencia aumentaron y alcanzaron niveles extremadamente altos. El terrorismo sigue presente, con alrededor de cuatro atentados por mes, algo que no es normal en ninguna parte del mundo”.
Las promesas cursadas en su momento por el candidato presidencial José Antonio Kast (2025) fueron en orden a más y mejor seguridad.
“El gobierno y el candidato hicieron una promesa en materia de seguridad, y no puede ser que, a poco andar, ya estemos hablando de menos resguardo. Para retirar el estado de excepción debe existir una desarticulación completa de los grupos terroristas. Esa es la condición mínima”.
Santibáñez sostuvo que “la demanda de las personas en la zona de conflicto, donde mayoritariamente se respaldó al nuevo gobierno con votaciones cercanas al 75%, es clara: orden y seguridad. Esa es la base. Eso es lo que los ciudadanos le exigen al gobierno”.
“Por eso, aunque todos queremos que esta situación termine, la razón para hacerlo debe ser una sola: que los grupos estén completamente desarticulados y que el objetivo se haya cumplido”, explicó.
Fuente: BiobioChile
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