Al cierre del periodo legislativo anterior el proyecto de ley que regula la prevención y mitigación de incendios forestales, conocida como Ley de Incendios, pasó a la revisión de Comisión Mixta, luego que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara parte de las modificaciones introducidas por el Senado en su segundo trámite constitucional.
Si bien la Sala respaldó la mayoría de los cambios realizados por la Cámara Alta a la iniciativa, tres puntos clave no alcanzaron el apoyo necesario, lo que obligará a que diputados y senadores zanjen las discrepancias en una instancia Comisión Mixta que, cabe destacar, a un mes de la votación, aún no se conforma.
Normas rechazadas
Entre las disposiciones que no prosperaron se encuentra la eliminación, incorporada por el Senado, de la indemnización a propietarios en el marco de “daño patrimonial efectivamente causado en virtud del cumplimiento de las medidas ordenadas por esta ley”. Posteriormente la Cámara optó por no suprimir este derecho, manteniendo así el criterio aprobado en el primer trámite.
Asimismo, por no alcanzar el quórum requerido de 76 votos no avanzaron las normas que regulaban la reclamación de ilegalidad y las modificaciones a los planos reguladores comunales, intercomunales y metropolitanos respecto de áreas de riesgo o protección.
Con ello, aquellas materias, en las que no estuvieron de acuerdo las corporaciones, deberán ser revisadas por una comisión mixta, que tendrá la tarea de proponer un texto de consenso para que el proyecto pueda continuar su tramitación.
Tramitación
Así la propuesta, ingresada por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que lleva cerca de dos años y medio en el Congreso, aún está a la espera de la conformación de comisión mixta para avanzar con su tramitación.
La preocupación entre los congresistas locales es que la instancia pueda conformarse prontamente para despachar el proyecto que adquirió mayor relevancia tras la catástrofe del megaincendio que afectó a las regiones de Biobío y Ñuble, dejando zonas devastadas localidades como Lirquén y Punta de Parra.
En esa línea, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) se refirió a la tramitación de la normativa y enfatizó en que “es necesario poder resolver esas discrepancias y que el ejecutivo pueda tomar alguna propuesta o partida de esta discusión para ir a mixta. Esperamos que lo haga a la brevedad, porque este es un proyecto que viene del año 2023”.
Por su parte, el diputado Patricio Briones (PDG) también mostró preocupación por la aletargada discusión de la iniciativa de prevención y manejo de incendios, manifestando que “como representantes de una región tan golpeada como el Biobío, nuestra prioridad es que esta ley no sólo se tramite con rapidez, sino que sea efectiva y entregue herramientas reales a los municipios para la prevención”.
Para el diputado Roberto Arroyo (PSC), el paso de la Ley de Incendios a Comisión Mixta muestra que hay diferencias, “pero también que el proyecto está muy avanzado”.
Al igual que los otros congresistas, Arroyo se refirió a la falta de conformación de la comisión mixta e indicó que “esperamos que esta instancia se conforme a la brevedad, resuelva los puntos pendientes y permita contar pronto con una normativa moderna y eficaz. Chile no puede seguir enfrentando cada temporada de incendios con herramientas insuficientes. Esta ley es urgente y necesaria para proteger a las familias y evitar mayores afectaciones cada vez que tenemos temporadas en que se producen los incendios”.
La iniciativa
Cabe recordar que la iniciativa busca fortalecer la estrategia nacional de prevención de incendios forestales, especialmente tras la catástrofe por incendios de enero de este año.
Asimismo, el proyecto propone clasificar el país en zonas de riesgo bajo, medio alto o crítico. Además las medidas presentadas en la iniciativa se adaptan a cada realidad local.
La iniciativa que busca generar territorios más preparados ante los incendios define zonas urbano-rurales, en las que el bosque entra en contacto con viviendas. También crea zonas de amortiguación para frenar o retardar el avance del fuego, con obligaciones distintas según el nivel de riesgo.
En caso de aprobarse en el Congreso, la Ley de Incendios Forestales indica que municipios y servicios públicos deberán entregar asistencia técnica, educación y acciones de prevención comunitaria ante incendios.
Otro punto relevante es que la aplicación de la eventual normativa será fiscalizada y las sanciones consideran la gravedad de la falta y la situación de los propietarios.
Fuente: Diario Concepción
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