Tres hechos de violencia fueron perpetrados durante la jornada del jueves en La Araucanía. Dos de los episodios se registraron en Ercilla y el tercero, en Collipulli.
La seguidilla de ataques estuvo caracterizada por el robo con intimidación de vehículos por parte de encapuchados que portaban armas. En uno de los casos, además, se concretó la quema de una camioneta.
A un mes y cuatro días del ataque que el 12 de marzo destruyó un generador eléctrico en Alto Biobío, en la zona cordillerana de la Región del Biobío, esta vez los episodios de fuerza fueron perpetrados en el contexto del debate respecto del desescalamiento del estado de excepción en la macrozona sur, que ha puesto en discusión el ministro de Defensa, Fernando Barros.
De hecho, a mediados de semana, al visitar las comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y del Senado, el secretario de Estado sostuvo que “sabemos que hay inquietud” y reiteró que “no es natural que las Fuerzas Armadas estén cuatro años a cargo del control del orden público”, aludiendo a que el 17 de mayo la disposición constitucional completará 48 meses de vigencia ininterrumpida.
De igual manera, expuso que su cartera no va a solucionar el problema de la violencia en el sur y que el debate sobre la presencia militar debe ser abordado en una sesión secreta.
Según reportes policiales, la primera de las acciones se concretó en la zona rural de Ercilla. Allí, encapuchados armados robaron una camioneta. En la misma comuna, en el sector de Chacaico, trabajadores que reparaban caminos fueron interceptados e intimidados con armas.
El tercer episodio de la violenta jornada ocurrió en el kilómetro 14 de la Ruta R-49, en Collipulli. Allí, un vehículo con tres encapuchados interceptó a una camioneta en que viajaban dos personas. Luego de amenazarlas, incendiaron el transporte.
Reunión con ministro
Respecto de este recrudecimiento de la violencia, la Multigremial de La Araucanía sostuvo que los atentados “reactivaron la alerta y reforzaron la advertencia respecto de un eventual debilitamiento de las medidas de seguridad”.
El presidente de la organización, Patricio Santibáñez, adelantó que solicitará al ministro Barros una reunión para expresarle la oposición de las víctimas y de los gremios a un eventual retiro de la presencia militar. “El país tiene que entender que esto no está resuelto”, dijo, y recalcó que “eso demuestra que los grupos siguen operando y que no existe desarticulación real”.
Gloria Naveillán, diputada del Partido Nacional Libertario, repudió los hechos e interpeló al Ejecutivo. “¿Qué está haciendo el Gobierno con la agenda de seguridad? ¿Por qué no quiere opinar? ¿Quieren bajarle el perfil para eliminar el estado de excepción?”.
A su vez, la diputada PPD Andrea Parra lamentó que “el Gobierno ni siquiera ha tomado contacto con las víctimas, pese a que la seguridad iba a ser su prioridad número uno”.
Fuente: El Mercurio
Comentarios (0)
No hay comentarios aún. ¡Sé el primero en comentar!
Deja un comentario