El impacto de los incendios en pequeños y medianos productores forestales

Por Camilo Cornejo Orellana, ingeniero agrónomo y académico de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello

El cambio climático llegó para quedarse. El aumento de las temperaturas, la escasez hídrica y el factor humano han configurado una “tormenta perfecta” que cada verano incrementa el riesgo de incendios forestales en Chile. Según estadísticas de Conaf, al comparar las temporadas entre 2005 y 2013/2014 con el período 2014/2015 a 2024, la ocurrencia promedio de incendios aumentó un 21%, mientras que la superficie afectada creció un 194%.

Los incendios de mayor magnitud también se han vuelto más frecuentes. Aquellos que superan las 200 hectáreas pasaron de representar un 96% de aumento en el periodo anterior a un 260% en la actualidad, lo que evidencia la magnitud del problema y su impacto tanto en el sector público como en el privado.

Si bien en los últimos años se han fortalecido los sistemas de prevención, gestión de desastres y respuesta ante emergencias, esto no ha logrado reducir el impacto social, ambiental y económico de estas catástrofes. Un ejemplo claro fue el megaincendio de 2017, que dejó cerca de 6 mil damnificados y consumió 467 mil hectáreas de bosque, con un costo socioambiental estimado en US$26,5 millones.

A esto se suman tragedias humanas que han marcado al país. El incendio de Viña del Mar en febrero de 2024 dejó 138 personas fallecidas, mientras que en enero de 2026 los incendios entre Ñuble y Biobío provocaron 21 víctimas fatales y afectaron cerca de 54 mil hectáreas. Estos datos reflejan un riesgo creciente que no solo afecta a la economía, sino también al medio ambiente y a la seguridad de las comunidades.

La situación es especialmente compleja para pequeños y medianos productores forestales, quienes han sufrido importantes pérdidas. En los incendios de 2017 y 2023, este grupo resultó afectado en más de 100 mil hectáreas, enfrentando además apoyos tardíos y políticas públicas mayormente reactivas. En muchos casos, los beneficios no priorizaron al sector forestal, lo que ha deteriorado la confianza de los productores frente a estas emergencias.

En Chile existe una herramienta de apoyo: el subsidio estatal a los seguros forestales, que cubre entre 40% y 69% del costo de la prima, además de un aporte fijo de 1 UF por póliza, con un tope de 80 UF por productor y temporada. Este mecanismo busca reducir las pérdidas económicas en caso de incendio.

Sin embargo, su acceso no es sencillo. Muchos pequeños y medianos productores no cumplen los requisitos o no tienen la capacidad económica para contratar estos seguros. A esto se suma que, debido al aumento de los incendios, las primas han subido hasta un 200%, y algunas aseguradoras han endurecido las condiciones o incluso rechazado asegurar plantaciones.

Ante este escenario, varios productores forestales evalúan abandonar la actividad tras un incendio, debido al alto riesgo y a los crecientes costos de continuar produciendo. Por ello, se plantea la necesidad de políticas públicas más directas y focalizadas que apoyen la recuperación y protección de las pymes forestales.

De lo contrario, advierten, podría intensificarse la salida de productores del sector, con consecuencias negativas para la economía regional, el empleo rural y los ingresos de miles de familias.

La columna en la Revista Acoforag