Demanda contra el Estado por atentado: Gobierno recordó que ya hay compensaciones económicas

Frente a la millonaria demanda de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, la Delegación Provincial de Arauco subrayó que ya hay implementado un apoyo integral a los afectados por la violencia rural.

Por su parte, la diputada del distrito, Joanna Pérez, recordó que durante la administración Boric se advirtió de estas acciones legales.

Es la primera de varias demandas que prepara con sus abogados la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur. Fue ingresada en el Tercer Juzgado Civil de Concepción, denunciando una empresaria que perdió su fuente de trabajo la responsabilidad del Estado y por eso exigiendo como reparación 2.800 millones de pesos.

Al respecto el delegado provincial de Arauco, Pedro Marileo, recordó que hay actualmente un Centro de Apoyo a Víctimas en Cañete, dedicado a resarcir económicamente las pérdidas como consecuencia de la violencia rural; sin embargo, agregó la autoridad, cualquier persona tiene el derecho de ejercer las acciones legales que estime.

“En un estado de derecho cada persona, cada organización puede realizar demanda, en este caso ya tomamos conocimiento de la demanda de la Fundación de Víctimas. Nosotros hemos estado apoyando a cada una de las organizaciones que hoy día ha sufrido violencia. Estamos realizando un catastro para ver si efectivamente se han ido entregando los recursos necesarios para suplir económicamente las pérdidas que han tenido”, sostuvo Marileo.

Una opinión divergente sobre esas ayudas entregó la diputada Flor Weisse, al estimar que no consideran el nivel real del problema.

“Se han implementado distintas medidas, como el programa de violencia rural, en mi opinión desconectado de la realidad porque no reconoce el terrorismo que existe en la zona. Los hechos demuestran que no han logrado hacerse cargo de la magnitud ni de la dinámica de lo que ocurre y que viven los habitantes de la macrozona sur”, expuso la parlamentaria.

A ello, agregó que “en ese contexto, la muerte de tres carabineros marcó un antes y un después, porque evidenció un nivel de violencia que impactó profundamente al país y que dejó en claro la gravedad de esta crisis”.

Por su parte, la diputada Joanna Pérez sostuvo que no le llamaba la atención este tipo de demanda. La parlamentaria recordó que había advertido al anterior gobierno la posibilidad de que víctimas hicieran valer la falta de servicio del Estado y lo que se logró fue la reforzamiento del Estado de Excepción.

“Advertimos en su minuto a través del INDH, donde muchas de sus propias autoridades no quisieron escuchar, que nosotros teníamos desplazamientos forzados y por cierto también materias que el día de mañana pudieran demandar al Estado por falta de servicio en materia de seguridad. Sin embargo, al gobierno le costó entender y fue reforzando estos estados de excepción”, afirimó.

Efectivamente, entre los argumentos que sustentan la primera demanda presentada son los desplazamientos forzados de personas a partir de los atentados, lo que daría a la acción legal la calidad de violación de derechos humanos.

Fuente: BiobioChile