Ni la promulgación de la Ley de Usurpaciones, en noviembre de 2023, ni la rebaja del pago de contribuciones para predios tomados, que rige desde marzo de 2024, han permitido que la familia de Cecilia Gajardo pueda recuperar los terrenos del exfundo Santa Clarisa, ocupados ilegalmente por una comunidad mapuche en la comuna de Cañete, provincia de Arauco, en la Región de Biobío, ni eximirse del pago del impuesto territorial.
En una carta publicada en "El Mercurio" el 18 de junio, Gajardo relató que además de la ocupación por parte de la organización indígena, "la casa de mis padres fue incendiada, falleciendo el cuidador en este acto vandálico". En la misma publicación, recalcó que transcurrido el tiempo, "seguimos sin poder ingresar al predio, sin trabajar la tierra o resguardar nuestros bienes, o ejercer los derechos inherentes a la propiedad", mientras "el Estado continúa exigiendo el pago de contribuciones como si nada hubiese ocurrido".
Ante tal situación, los gremios agrícolas del sur advierten "ineficacia" y "burocracia" del Estado para hacer cumplir las normas vigentes.
"Trámites engorrosos"
José Miguel Stegmeier, presidente del Consorcio Agrícola del Sur (CAS) y vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), advierte que "es muy engorroso para los agricultores hacer estos trámites, porque hay que tener elementos que prueben la situación procesal del predio tomado, lo que muchas veces está fuera de las manos del propietario".
Plantea que "el tema de fondo es que inspectores de algún ente del Estado, a través de una visita al terreno tomado, comprueben la situación y la ratifiquen con la denuncia".
Stegmeier agrega que "el trámite es muy lento, y hay muchos casos que están pendientes y que no han podido ser resueltos". Menciona como otra situación "emblemática" el predio que se mantiene usurpado, pese a las herramientas legales, la que afecta al agricultor de origen suizo Otto Wild, en Alto Biobío.
Acciones del Estado "son ineficaces"
Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, agrega que, además, en algunas zonas en que los predios usurpados están en "un barrio de comunidades violentas", las acciones del Estado "se tornan ineficaces", ya que, "luego que se concreta un desalojo, se da por terminada la usurpación y Carabineros se retira del lugar, estos grupos vuelven a ingresar". Junto a este tipo de situaciones, Naveillán comenta que también hay casos en que los usurpadores, al detectar la llegada policial, se retiran temporalmente del lugar, "por lo tanto, no se constata la usurpación y, por lo mismo, no se puede concretar el desalojo".
En conversación con este medio, Cecilia Gajardo dijo que las acciones de usurpación contra del predio exfundo Santa Clarisa comenzaron en 2014, con el ingreso de miembros de la comunidad Francisco Llancao.
En la última etapa en que este campo estuvo en manos de su fallecido padre, José Manuel Gajardo, las tierras estaban dedicadas a la plantación de un bosque de pino y cambió su nombre por el de Forestal Santa Clarisa.
En su calidad de víctima y en representación de la familia, reconoce impotencia y cansancio por el extenso tiempo en que se han visto privados de dar continuidad a las actividades que realizaba su padre y anticipa la disposición a vender el predio. "Ya hemos hecho nuestra vida en Santiago y ninguno se quiere venir a instalar acá ni dedicarse a producir algo", plantea. "Cuando esto se normalice, queremos vender, ya sea a algún organismo del Estado, como la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) o a particulares. Claramente, esa es la acción que vamos seguir", recalca.
De igual manera, afirma que "está totalmente descartado que el terreno cuente con algún tipo de calidad indígena o título de merced y que, por el contrario, al estar cerca del límite urbano, perfectamente podría urbanizarse".
Fuente: El Mercurio
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