El mayor golpe contra el robo de madera registrado en la Región de Ñuble concretaron la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) tras una extensa investigación que culminó con la detención de 17 integrantes de una organización criminal dedicada a la sustracción, procesamiento y comercialización ilegal de madera.

El operativo, denominado “Operación Las Hormigas”, fue liderado por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Ñuble junto a detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Chillán y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI.

La investigación permitió acreditar al menos 14 hechos de robo de madera en predios de Forestal Arauco ubicados en la comuna de El Carmen. Según explicó el fiscal jefe del SAC Ñuble, Rolando Canahuate, la organización mantenía una estructura operativa compleja que incluía logística de transporte, procesamiento de la madera y mecanismos para aparentar legalidad en su comercialización.

“Lo que buscamos en el Sistema de Análisis Criminal es atacar donde más les duele, que es precisamente su patrimonio. Seguir la ruta del dinero es la única forma de ir acabando con este tipo de organizaciones”, sostuvo el persecutor.

Como parte de la investigación, la Fiscalía solicitó además la retención de 28 productos bancarios vinculados a los imputados y anunció acciones orientadas a perseguir eventuales delitos tributarios asociados a la actividad ilícita.

Aserradero operaba como centro de acopio y procesamiento

Durante los allanamientos realizados en distintos puntos de la región, las autoridades incautaron más de 40 vehículos y maquinarias utilizadas para el robo y transporte de madera, entre ellos camiones, camionetas, tractores, motosierras y equipos industriales, bienes avaluados en cerca de $1.500 millones.

Asimismo, se decomisó madera procesada y acopiada en un aserradero ubicado camino a Pinto, en Chillán, cuyo valor fue estimado en aproximadamente $3.000 millones. También se encontraron más de $3 millones en efectivo, tres escopetas, un revólver y más de cien municiones. Las armas mantenían sus números de serie adulterados.

De acuerdo con la formalización, el principal líder de la organización sería Carlos Jara Urra, propietario de una empresa forestal que, según la Fiscalía, funcionaba como centro de operaciones del grupo. Junto a él, fueron identificados como cabecillas José Urra Bórquez, Juan Urra Troncoso y Claudio Montes Constanzo.

El fiscal Álvaro Serrano explicó que la madera sustraída era trasladada hasta el aserradero, donde era procesada y posteriormente comercializada utilizando documentación adulterada.

“Incluso se falseaban guías de despacho para justificar el transporte de madera robada y aparentar legalidad ante controles policiales o fiscalizaciones en las rutas”, señaló.

La investigación también estableció que tres trabajadores de una empresa contratista vinculada a Forestal Arauco entregaban información privilegiada sobre predios con menor vigilancia y cargamentos listos para ser retirados, facilitando así la comisión de los delitos.

Tras la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Yungay decretó prisión preventiva para los cuatro principales imputados, mientras que el resto quedó sujeto a medidas cautelares como prohibición de acercarse a los predios afectados, prohibición de salir del país y de mantener contacto entre ellos.

El tribunal fijó un plazo de cinco meses para el desarrollo de la investigación

El prefecto inspector Enrique Zamora, jefe de la Región Policial de Ñuble, calificó el procedimiento como una “investigación criminal histórica”, destacando que durante cerca de un año y medio se emplearon diversas técnicas de inteligencia policial, análisis criminal y diligencias intrusivas para reunir las pruebas necesarias.

Desde el Gobierno, el delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda, valoró el resultado del operativo y afirmó que se trata del mayor golpe al robo de madera en la historia de la región. En la misma línea, el seremi de Seguridad Pública, Héctor Ponce, recordó que este delito forma parte de las prioridades establecidas en el Plan contra el Crimen Organizado 2026.

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