Incendios forestales: blindaje silvícola para Pymes

Por Ignacio Vera Izquierdo, gerente general de Forestal Santa Blanca

El aumento de vegetación fina y sotobosque en el centro y centro-sur de Chile, producto de las condiciones climáticas recientes, ha generado un escenario de alto riesgo. Al secarse con la llegada de la primavera y el verano, esta biomasa se convierte en un combustible que puede detonar emergencias de gran magnitud. En este contexto, la prevención se vuelve un deber ineludible para la industria, especialmente para las pymes forestales, que deben anticiparse con un manejo adecuado de la vegetación en sus predios.

La necesidad de reforzar medidas preventivas ha vuelto al centro del debate parlamentario. La Comisión de Agricultura del Senado y la Comisión Mixta que discute la nueva Ley de Incendios Forestales avanzan en definir exigencias y responsabilidades de los propietarios, con un consenso transversal entre parlamentarios, el Ministerio de Agricultura, Conaf y Corma sobre la urgencia de coordinar esfuerzos públicos y privados. Sin embargo, mientras el Congreso establece el marco regulatorio, el verdadero reto para los medianos y pequeños productores está en la gestión técnica en terreno: ejecutar podas, manejar residuos, reducir la continuidad del combustible para impedir que un fuego superficial alcance las copas, además de mantener cortafuegos y puntos de agua en áreas críticas.

Alcanzar estándares preventivos de alto nivel supone un esfuerzo financiero y operativo proporcionalmente mayor para las Pymes en comparación con los grandes actores de la industria. Mientras conglomerados como CMPC y Arauco despliegan millonarias inversiones en infraestructura, monitoreo con drones y limpieza perimetral, la pequeña y mediana propiedad debe enfrentar exigencias similares con recursos mucho más limitados.

A esta brecha estructural se suma una transformación profunda en la propiedad de los bosques en Chile. El proceso de monetización de activos forestales por parte de las grandes empresas ha abierto espacio a fondos de inversión institucionales, que ya administran cerca de 230 mil hectáreas, equivalentes a un 10% de las plantaciones del país. Este esquema introduce un dilema no resuelto que trasciende la mera tenencia del suelo: la creciente separación entre el dueño de la tierra, el titular de los árboles, el administrador del fondo y la empresa que procesa la madera genera interrogantes sobre quién debe asumir y financiar las medidas permanentes de mitigación de incendios.

En este nuevo escenario, la regulación no puede limitarse a imponer más obligaciones legales. La sostenibilidad del sector dependerá de cómo los pequeños y medianos propietarios logren financiar e implementar las medidas exigidas. El acceso a instrumentos de fomento, la asistencia técnica especializada y el impulso de modelos asociativos serán claves para cerrar la brecha respecto de las grandes corporaciones. Con una temporada marcada por mayor carga de combustible vegetal y un marco normativo en redefinición, el verdadero blindaje de las Pymes forestales estará en su capacidad de anticiparse con disciplina silvícola, antes de que el fuego transforme la prevención en tragedia.