Robos y ataques a vehículos obligan a empresas a reforzar equipos de protección
Automotoras, firmas de arriendo y de flotas y contratistas forestales admiten preocupación por delitos.
No solo la debilidad de la economía o el alto valor del dólar son factores que han mermado las ventas de autos nuevos en el país. Otro tema que preocupa a las automotoras, por su efecto en la actividad del rubro, es la inseguridad ligada a ataques a vehículos y robos de unidades que terminan en países fronterizos en algunos casos. Esa situación también inquieta a operadores de arriendo de flotas para actividades productivas, como la minería, y a contratistas forestales.
Este escenario, que en el sector privado señalan se advierte con mayor fuerza en el norte del país y en zonas del sur como La Araucanía, ha obligado a particulares y compañías que trabajan en esas áreas a reforzar los equipamientos de seguridad.
Los riesgos
“El robo de vehículos en el norte, especialmente en la Región de Antofagasta, con foco en la ciudad de Calama, es realmente una lacra. Desgraciadamente nosotros no podemos dejar de seguir atendiendo a nuestros clientes (...) especialmente a la gran minería del cobre y sus proveedores”, afirma Ignacio Correa, gerente general de Mitta, una de las mayores firmas de arriendo de vehículos. Agrega que pese a la inseguridad, “tampoco podemos dejar de lado la Región de Tarapacá, donde los robos han subido mucho en los últimos tres años”.
Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), sostiene que la inseguridad que advierten está relacionada con el ingreso de autos usados al país, el robo de camionetas y el comercio ilícito en la frontera. Asegura que estos temas tienen un impacto negativo sobre las ventas de automóviles, que en 2024 cayeron 3,7% en el país.
Martín Bresciani, presidente de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (Cavem), afirma “hemos visto que los grandes arrendadores o rent a car en general tienen harto temor cuando los vehículos van a faenas que están en el norte, por los riesgos”.
René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG (Acoforag), indica que “en la zona macrosur estamos permanentemente con problemas de seguridad, no es algo que esté siendo solucionado. Esto viene desde hace 27 años. Aprendimos a convivir con medidas de seguridad”.
Las cifras de Acoforag indican que en 2024 este sector sufrió la destrucción de 91 equipos forestales y casi un tercio correspondió a camiones. La cifra más alta en daños de la última década fue en 2022, con 392 equipos afectados.
Más equipamiento
En materia de mecanismos de seguridad, Ignacio Correa de Mitta indica que “tenemos desde elementos mecánicos para inhibir los robos, como trabavolante o 'pitbull' que se instala en las llantas y que imposibilitan el rodado del vehículo; hasta dos o tres capas de seguridad electrónicas, con corte de ignición. Ya no hablamos de un simple aparato GPS, hemos duplicado o triplicado las barreras de protección (...). Por otra parte, esta medidas de seguridad que dificultan la sustracción de vehículos detenidos han hecho aumentar los robos con intimidación, en la vía pública y a mano armada, en algunos casos”.
René Muñoz explica que en el caso de las camionetas, además de GPS, ocupan Lexan, “que son placas de policarbonato que cubren el parabrisas y vidrios laterales, junto con botones de pánico, que es como un control remoto que se usa cuando hay peligro y da la señal”.
En el ámbito de los automovilistas particulares, Martín Bresciani comenta que “generalmente, lo que más utilizan son GPS e inmovilizadores”.
Si bien Correa valora el esfuerzo de las policías chilenas, indica que para los delincuentes es fácil traspasar la frontera por pasos “naturales” para luego “blanquear” las unidades sustraídas. Carlos Olivos, gerente de Flota de Mitta, estima que “complementaria a las medidas de seguridad, sería deseable contar con legislación menos garantista, de manera que la función persecutoria del Ministerio Público logre mejores resultados”.
El presidente de Cavem afirma que “ha habido una apertura de parte del Gobierno en incorporar al sector privado a buscar soluciones y compartir la información”.
Fuente: El Mercurio