Una Ley de Incendios a medias no apaga el fuego

Por René Muñoz Klock, gerente de Acoforag e integrante de Futuro Madera

El reciente avance legislativo en materia de incendios forestales nos deja una sensación agridulce. Si bien el país clama por un marco regulatorio moderno, lo que hoy tenemos sobre la mesa —y lo que este gobierno ha impulsado— es una estructura que, aunque bien intencionada, padece de miopía estratégica.

Como sector, nuestro mensaje a las nuevas autoridades del Ejecutivo y al Congreso es claro: esta ley debe ser mejorada o complementada con urgencia. Así como está, no es capaz de evitar incendios.

Y que no se diga que no lo advertimos, hace muchos meses desde los gremios de la madera señalamos a la autoridad que necesitábamos una Ley de Incendios, pero una buena ley, una que persiga la intencionalidad y que ponga el foco en la prevención, más que el combate. Lamentablemente, no es el foco de esta ley.

Y que no se entienda que estamos en contra de legislar, al contrario, somos los primeros en apoyar una buena legislación y no un “fetiche discursivo”, como han denominado algunos expertos, en la que se ha puesto un énfasis desmedido en la planificación urbana y en culpar al uso del suelo, olvidando que el fuego no surge solo y que no reconoce fronteras administrativas.

Se cree que con zonificaciones y cortafuegos en el papel el problema está resuelto, pero la realidad es que la prevención real ocurre anticipándonos. Por lo mismo, desde Pymemad se ha levantado una alerta que no podemos ignorar: la falta de incentivos para que los pequeños y medianos propietarios realicen las limpiezas necesarias.

La ley aprobada por el Senado impone una carga burocrática y exigencias que, sin financiamiento ni acompañamiento técnico, terminan siendo letra muerta para quienes viven del bosque, castigando la actividad productiva en lugar de incentivar su resiliencia.

Desde Aprobosque han sido enfáticos en denunciar que el sector forestal no puede seguir bajo una administración basada en la improvisación legislativa, con leyes reactivas que ya han demostrado su fracaso, como ocurrió con la Ley de Bosque Nativo.

Critican que los legisladores, por temor al costo político y priorizando el statu quo, ignoraron las observaciones técnicas, despachando una ley que legisla “de espaldas a la ruralidad” y que termina persiguiendo al propietario forestal en lugar de al criminal que prende el fuego.

Desde el CIFAG (Colegio de Ingenieros Forestales) señalan que diversos actores técnicos y gremiales han advertido reiteradamente que el proyecto no incorpora medidas efectivas para prevenir la ocurrencia de incendios, pese a que una proporción significativa de estos tiene causa humana, ya sea por negligencia o intencionalidad.

Señalan que se presentaron propuestas técnicas concretas, pero no fueron acogidas. Existe el riesgo de que la opinión pública crea que esta ley reducirá sustancialmente los incendios, cuando su foco principal sigue estando en la respuesta al fuego ya declarado.

Finalmente, en materia de seguridad, Acoforag es categórico: tal como está planteado el proyecto, no se solucionará el problema de fondo. La ley no dice nada en relación a la intencionalidad, que es sin duda el punto más preocupante para la zona sur, considerando que más del 70% de los incendios en la macrozona sur son intencionales.

En resumen, sabemos que este proyecto está ad portas de ser ley, por lo mismo nuestro foco ahora será hacer un llamado a la acción al gobierno entrante para centrar sus esfuerzos en:

Prevención activa: El Estado debe desplegar recursos de Carabineros y FF.AA. en zonas de alto riesgo para vigilar focos históricos de incendios intencionales.

Combate moderno y continuo: es crucial agilizar certificaciones para aeronaves de operación nocturna y dotar a CONAF de recursos para desplegar brigadas con capacidad 24/7, eliminando obstáculos laborales que hoy limitan la presencia nocturna.

Investigación y persecución: debemos dejar de ser ciegos ante el delito. El Ministerio Público y las policías necesitan facultades investigativas intrusivas similares a las de la Ley 20.000 para desarticular a las bandas criminales tras los incendios.

Recuperación productiva: es vital recuperar la superficie afectada, priorizando a los pequeños y medianos propietarios en regiones con vocación forestal, asegurando así beneficios sociales y ambientales.

Chile no necesita una ley “para la foto” ni para cumplir con la agenda de turno. Necesitamos una herramienta técnica que proteja la biodiversidad, nuestra capacidad productiva y, lo más importante, a las personas.

Columna en BiobioChile