Ante la aprobación en general del proyecto de ley que establece un sistema de reconocimiento, calificación y reparación para las víctimas de hechos de violencia en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, parlamentarios de la Región del Biobío plantearon su postura a favor de su avance y discusión, como también aquellos puntos en que consideran que es necesario trabajar más en profundidad.
Es que el 9 de marzo la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó en primer trámite la idea de legislar sobre esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo en ese momento en ejercicio.
Cabe mencionar que este proyecto contempla medidas de reparación oportunas y proporcionales al daño sufrido.
Para desarrollarla, se planifica la creación de una comisión encargada de calificar administrativamente la condición de víctima, la que no tendrá funciones jurisdiccionales ni se pronunciará sobre responsabilidades penales.
Como requisito para dicha calificación, el proceso puede iniciarse a solicitud de la persona interesada o de oficio por la respectiva Delegación Presidencial Regional. Además, se propone la creación del Programa de Atención de Víctimas de Violencia del Conflicto Intercultural y Territorial, dependiente de la Subsecretaría del Interior, que tendrá por objetivo promover acciones de reparación, así como también la creación de un Catastro Nacional de Víctimas.
Al respecto el diputado por el distrito 20, José Antonio Rivas (PS) argumentó que “no podemos ignorar que el Estado es el garante del orden y la seguridad. Cuando este falla, debe existir un mecanismo institucional que responda”.
Expuso que su visión sobre este proyecto es bastante favorable, ya que considera que es un paso necesario que va de acuerdo con el desarrollo de una justicia moderna y reparatoria.
Estimó, además, que la vía administrativa es mucho más ágil y humana que la vía penal, la cual suele ser excluyente y lenta para las víctimas de violencia rural. “Además, muchos hechos ocurridos en el sur han prescrito judicialmente, dejando a las personas en la indefensión”, estableció.
Apuntó que la calificación como víctima de este tipo de violencia, no es suficiente si no se acompaña de medidas de fondo. Por lo que definió que la conformación de una comisión encargada del tema, debiera considerar miembros con un alto perfil ético y moral. “Un perfil de reconocimiento ético y de una total independencia política, ya que en la propia comisión recaerá finalmente la calificación de víctimas”, especificó.
“Para saldar la deuda histórica, no basta con un “lo siento” del Estado. La reparación integral debe incluir indemnizaciones económicas que sean acordes al daño sufrido. La responsabilidad del Estado se concreta cuando éste asume su falta de capacidad y compensa económicamente ese vacío”, estableció.
Para el diputado José Antonio Rivas, la propuesta va por el camino correcto. “Pero su éxito dependerá de que los montos y beneficios logren efectivamente resarcir el daño causado, pasando del reconocimiento formal a una reparación económica y social digna”, planteó.
En tanto, la diputada por el distrito 21, Joanna Pérez del Partido Demócratas Chile, estableció que considera a ésta como una iniciativa positiva y necesario, debido a que por muchos años las víctimas de la violencia en la macrozona sur, han manifestado el sentimiento que el Estado no las ha reconocido suficientemente, ni ha respondido de manera integral a su situación.
“Hemos visto casos, por ejemplo, de personas a quienes les quemaron sus predios o viviendas en comunas como Tirúa, y cuando han buscado apoyo del Estado se les ha ofrecido apenas una fracción, incluso cerca de un tercio, del valor de lo que perdieron”, precisó.
En cuanto a la creación de una comisión que permita calificar administrativamente a las víctimas, permitirá ordenar institucionalmente una respuesta que, hasta ahora, según estableció Pérez ha sido ‘más bien dispersa’. “En nuestra zona existe desplazamiento forzoso, y eso debemos corregirlo, permitiendo que las personas puedan emprender y vivir donde estimen”, determinó.
En resumen para la diputada Joanna Pérez, avanza en la dirección correcta y deberá seguir perfeccionándose a lo largo de su tramitación para recoger distintas miradas.
Un análisis minucioso del proyecto propone la diputada Lilian Betancurt del Partido de la Gente por el distrito 21. “Para asegurar que realmente responda a las necesidades de las víctimas de la violencia en la macrozona sur. Muchas personas no solo han perdido bienes materiales, sino también su tranquilidad y su forma de vida, por lo que cualquier sistema de reconocimiento y reparación debe ser claro, eficaz y oportuno”, expuso.
Sobre la creación de la comisión, considera que podría ser una buena herramienta para dialogar, escuchar a las víctimas y recopilar información que permita mejorar el proyecto. “Pero también es fundamental revisar cómo funcionará en la práctica, cuáles serán los plazos, cómo podrán las personas postular a los programas y qué criterios se utilizarán para acceder a los beneficios”.
La diputada Betancourt, recordó que hoy existe una oficina que atiende a víctimas en la Provincia de Biobío, pero acotó que muchas veces los procesos son largos y burocráticos. “Por lo que creemos que es necesario reducir los tiempos de respuesta y facilitar el acceso a las ayudas, asegurando que la reparación sea real y efectiva para quienes durante años han vivido las consecuencias de la violencia”, señaló.
Como una forma de que el Estado asuma la responsabilidad del daño que han sufrido las víctimas de violencia en la macrozona sur, consideró el diputado por el distrito 20 Patricio Briones del Partido de la Gente. “La comisión que se propone podría ayudar a recopilar antecedentes y dar una respuesta más ordenada a cada caso, pero también debemos cuidar que el proceso sea ágil y accesible para quienes necesiten postular a estos programas”, acotó. Respecto de los beneficios en salud, vivienda, educación y apoyo económico, Briones estableció que van en la dirección correcta. “Pero será clave perfeccionar la iniciativa en el Congreso para que la reparación sea oportuna y efectiva”, estimó el diputado.
Fuente: Diario Concepción
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