El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dictó este jueves una de las sanciones más severas del sistema penal chileno al condenar a presidio perpetuo calificado a los hermanos Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, por su responsabilidad en el triple homicidio de funcionarios de Carabineros de Chile ocurrido en abril de 2024 en la Región del Biobío.
La resolución judicial marca un hito en uno de los casos más impactantes de los últimos años en la denominada Macrozona Sur, tanto por la gravedad de los hechos como por la conmoción pública que generó.
Un crimen que impactó al país
De acuerdo con los antecedentes establecidos durante el juicio, las víctimas —Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid— fueron asesinadas la noche del 26 de abril de 2024 en la comuna de Cañete.
Tras el ataque, los responsables incendiaron el vehículo institucional en el que se trasladaban los funcionarios, en un intento por ocultar el crimen. La brutalidad del hecho generó una fuerte reacción a nivel nacional y reabrió el debate sobre la seguridad en la zona.
Condenas y responsabilidades
Junto con la condena principal, el tribunal también sentenció a Nicolás Rivas Paillao a 17 años de cárcel en calidad de colaborador, al acreditarse su participación mediante la facilitación de un arma utilizada durante la comisión del delito.
La sentencia de presidio perpetuo calificado impuesta a los tres hermanos implica que no podrán optar a beneficios penitenciarios antes de cumplir un mínimo de 40 años privados de libertad, lo que la convierte en una de las penas más estrictas contempladas en la legislación chilena.
Este proceso busca determinar la totalidad de las responsabilidades penales vinculadas a uno de los crímenes más graves registrados en la región en los últimos años.
Un fallo con impacto en la agenda de seguridad
La condena se produce en un contexto en que la seguridad en la Región del Biobío y la Macrozona Sur continúa siendo una de las principales preocupaciones del país.
El caso ha sido considerado emblemático por las autoridades, no solo por la violencia involucrada, sino también por el desafío que representa para el Estado en materia de persecución penal y protección de las fuerzas de orden.
Con esta sentencia, el sistema judicial envía una señal clara respecto a la gravedad de los delitos cometidos contra funcionarios policiales y reafirma la aplicación de las máximas sanciones disponibles en la legislación chilena frente a hechos de esta naturaleza.
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