La menor cifra de atentados para el primer trimestre del año, desde que rige el estado de excepción en la macrozona sur, se concretó en este período de 2026, con cinco casos. Así lo revela el “Informe de violencia” elaborado por la Multigremial de La Araucanía.
La cifra contrasta con los 72 episodios del primer trimestre de 2021, previo a la medida extraordinaria; o con los 60 de 2022, cuando el instrumento, que regía desde el 12 de octubre de 2021, fue levantado el 26 de marzo, a propósito del cambio de gobierno. Luego fue repuesto el 17 de mayo de 2022, hasta hoy.
El estudio coincide con el debate sobre un eventual desescalamiento de la presencia militar planteado por el ministro de Defensa, Fernando Barros. Ante ello, víctimas y gremios piden poner énfasis en la desarticulación de los grupos violentistas.
“Esta baja no implica una reducción proporcional en la gravedad de los hechos. Por el contrario, hay mayor intensidad y capacidad destructiva en las acciones”, dice el documento.
Consultado si son suficientes estas cifras para un retiro de las FF.AA., el excoordinador de seguridad de la macrozona sur y encargado del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la U. Andrés Bello, Pablo Urquízar, dice que el fin del Estado “no puede limitarse a la aplicación de una medida de excepción, sino que debe centrarse en resguardar los derechos y libertades fundamentales de las familias mapuche y no mapuche de la macrozona sur”.
Recalca que “si bien las cifras evidencian una tendencia positiva y sostenida en la disminución de los hechos de violencia, no son suficientes por sí solas para justificar una desescalada”. Enfatiza que “en abril de 2024, en la provincia de Arauco, también se registraban cifras bajas, y aun así ocurrió el homicidio de tres carabineros, el atentado más grave de la historia de la macrozona sur”.
Urquizar hace notar que “la reducción cuantitativa no implica necesariamente la desarticulación de las organizaciones, ni la eliminación de su capacidad operativa”, y expone que “parte de esta disminución puede explicarse por la vigencia del estado de emergencia, por lo que su retiro sin condiciones podría generar un efecto rebote”.
Argumenta que “estas cifras deben complementarse con indicadores cualitativos: condenas efectivas, debilitamiento estructural de los grupos y capacidad de control territorial en un escenario de normalidad”.
Condiciones objetivas
Expone que “la revisión del estado de emergencia no debiera basarse en un criterio temporal, sino en el cumplimiento simultáneo de condiciones objetivas y sostenidas en el tiempo”, y que “un eventual desescalamiento debe responder a una estrategia integral: debe ser gradual, focalizado y reversible, evitando decisiones abruptas que puedan generar vacíos de control”.
Propone que, “en una primera etapa, podría considerarse la reducción de la presencia militar en zonas de menor riesgo, manteniéndola en puntos críticos. Posteriormente, se podría avanzar hacia una focalización territorial del estado de excepción. En una fase siguiente, el protagonismo debería estar en las policías y en el Sistema de Inteligencia del Estado, fortaleciendo sus capacidades en un contexto de normalidad”, y que “el levantamiento total debe ir acompañado de monitoreo y respuesta rápida que permitan reinstalar medidas excepcionales en caso de retrocesos, asegurando la sostenibilidad de los avances”.
Fuente: El Mercurio
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