Por Ignacio Vera Izquierdo, gerente general de Forestal Santa Blanca

El sector forestal chileno ha demostrado ser un pilar de resiliencia, enfrentando desafíos que han puesto a prueba nuestra capacidad operativa y financiera. Durante las últimas temporadas estivales, la destrucción causada por los incendios forestales afectó cientos de miles de hectáreas, un impacto que aún se siente en la infraestructura y en la disponibilidad de recursos de muchas comunidades. A esto se ha sumado un factor estructural de presión: la incertidumbre energética provocada por el alza del petróleo, que encarece directamente el transporte desde las faenas hasta los puertos y los procesos industriales clave como el secado.

En este escenario, el Plan de Reconstrucción presentado por el Ejecutivo surge como una herramienta fundamental para las pequeñas y medianas empresas (pymes) del rubro. El sector forestal presenta una alta concentración, donde los pequeños actores suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a materia prima o competir en mercados internacionales. Por ello, las medidas transversales de este plan tienen el potencial de actuar como un motor de reactivación necesario para equilibrar la balanza.

Uno de los puntos más relevantes es la ampliación del Fondo de Emergencia por Incendios hacia las regiones de Ñuble y Biobío, con un financiamiento de hasta $1,2 billones. Dado que estas zonas concentran una gran cantidad de pymes madereras, la inyección de estos recursos es vital para la reparación de infraestructura y la continuidad de las zonas productivas.

Asimismo, el alivio en el Régimen Pyme —que propone una tasa del 12,5% del impuesto de Primera Categoría para 2026 y 2027— y el establecimiento de créditos tributarios para el empleo son señales potentes. Estas medidas permiten reducir los costos de contratación y fortalecen la caja de las empresas en un momento en que los márgenes se han estrechado peligrosamente.

Finalmente, no podemos dejar de valorar el esfuerzo por destrabar la llamada “permisología”. La reforma que reduce los plazos para invalidar permisos ya otorgados, pasando de dos años a solo seis meses, entrega una certeza jurídica indispensable. Para una pyme, la burocracia suele ser una barrera infranqueable; agilizar estos procesos asegura que las inversiones de menor escala se ejecuten de manera predecible y sin retrasos que pongan en riesgo su viabilidad.

La reconstrucción de nuestro sector no solo pasa por recuperar lo perdido en el fuego, sino por fortalecer el modelo de negocio frente a ciclos de costos exigentes. Con el apoyo adecuado y reglas claras, las pymes forestales seguirán siendo un actor estratégico para el desarrollo económico y la sostenibilidad de los territorios más vulnerables de nuestro país.



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