Conocidos los veredictos y condenas por el homicidio de tres carabineros en Cañete, perpetrado hace casi dos años, el 27 de abril de 2024, y por la falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación en el caso Huracán, por hechos ocurridos en 2017 con implantación de pruebas falsas contra comuneros mapuches, actualmente las otras causas en desarrollo ligadas a la violencia en la macrozona sur son tres y exhiben distintos niveles de avance.
Se trata de lo casos por atentados a la familia Grollmus y sus propiedades, cometidos el 29 de octubre de 2022 en la comuna de Contulmo, al sur de Biobío; la detención de cinco miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), entre ellos, Pelentaro Llaitul, hijo del vocero de esa organización, efectuada en noviembre de 2022 en Cholchol, en La Araucanía, por su participación en múltiples incendios contra predios y maquinarias, y el atentado a las instalaciones y a 51 transportes que realizaban faenas en el proyecto hidroeléctrico Rucalhue, en la cordillerana comuna de Santa Bárbara, en Biobío, perpetrado en la madrugada del 20 de abril de 2025.
Mientras en las dos primeras investigaciones ya se presentaron acusaciones y se alistan los juicios orales, en las indagatorias por el ataque contra capitales chinos en el área de la producción de energía, las diligencias, de carácter reservado, no registran detenciones ni formalizaciones.
Ese episodio afectó a la empresa Rucalhue Energía SpA, filial del conglomerado China International Water 8 Electric Corp CWE. En la acción habría participado un grupo de 12 individuos encapuchados y con armas. Estos amenazaron y maniataron a guardias de seguridad y quemaron 47 camiones, un vehículo contenedor de combustible, dos excavadoras y una motoniveladora.
La Fiscalía Regional de Biobío respondió por escrito que “la investigación por el atentado ocurrido en las instalaciones del proyecto Central Rucalhue, se encuentra actualmente vigente”.
Añadió que “las pesquisas y peritajes continúan en curso y son efectuadas por la PDI” y que “se han efectuado múltiples diligencias, se han tomado diversas declaraciones, se han realizado una serie de peritajes y la indagatoria continúa en desarrollo”.
En cuanto a la causa en contra de cinco integrantes de la CAM, desde la Fiscalía Regional de La Araucanía explicaron las razones para la demora en llegar al juicio oral, pese a que la acusación, por delitos cuyas penas superan los 70 años de presidio, fue presentada hace dos años.
Detallaron que en cinco ocasiones fue postergada la audiencia de preparación de juicio oral; y en otras tres, el juicio como tal.
El fiscal regional de esa zona, Roberto Garrido, confirmó la disposición del Ministerio Público para un pronto juzgamiento de los acusados. “Este juicio está esperando hace mucho tiempo. La acusación la hicimos en mayo de 2024 en contra de cinco integrante de la CAM, entre ellos Pelentaro Llaitul”, expuso. “Este juicio oral se ha suspendido en varias oportunidades y debería comenzar en mayo”, dijo.
Añadió que “la dilación de audiencias en este tipo de investigaciones no es algo infrecuente, más bien, deja en evidencia una estrategia de litigación de las defensas”.
Garrido adelantó que “seguimos avanzando en otras investigaciones para realizar las solicitudes correspondientes a los tribunales y así efectuar las imputaciones con los antecedentes que hemos logrado reunir”.
21 acusados por atentado en Cañete
Mientras el jueves el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete postergó hasta el 23 de junio, por falta de jueces, el inicio del juicio contra dos menores imputados por participar en el ataque contra la familia Grollmus, ayer concluyó en el Juzgado de Garantía de esa misma jurisdicción la preparación de juicio oral contra 18 adultos y un tercer menor imputado por los mismos hechos. Ahora corresponde que se envíen los antecedentes al tribunal de esa comuna para que se programe una fecha para el juicio.
Christian Grollmus, sobreviviente del ataque armado y posterior incendio, confirmó que la parte acusadora pedirá fusionar ambos procesos judiciales. “Cuando se defina la fecha para los adultos acusados, pediremos que se postergue hasta el 23 de junio, fecha fijada para el proceso contra los menores. No tiene lógica hacer dos juicios por un misma causa. Eso implica una revictimización y seguir exponiéndonos como familia”, argumentó.
Por su parte, el defensor regional de Biobío, Osvaldo Pizarro, anunció la presentación de un recurso de amparo, en virtud de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y los plazos para juicios a menores de edad, en el que se pide “dejar sin efecto la resolución del TOP y se ordene la realización del juicio oral en un plazo no superior a 10 días”.
Fuente: El Mercurio
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