Por Ignacio Vera Izquierdo, gerente general de Forestal Santa Blanca
El anuncio del ministro de Agricultura, Jaime Campos, sobre la preparación de una nueva Ley de Fomento Forestal para 2027 abre una discusión que Chile postergó durante demasiado tiempo. Tras el término del DL 701, el país perdió una política clara de incentivo a la forestación, y las consecuencias hoy son visibles: caída sostenida de la superficie plantada, cierre de aserraderos, debilitamiento de las economías rurales y una pérdida progresiva de competitividad frente a nuestros vecinos.
La forestación no es únicamente una actividad productiva. Es una herramienta de desarrollo regional, generación de empleo y captura de carbono. Sin nuevos bosques, simplemente no habrá materia prima suficiente para sostener la industria forestal en las próximas décadas. Y eso significa menos empleo, menos inversión y menos oportunidades para cientos de comunas que dependen directa o indirectamente de esta actividad.
La situación es particularmente compleja para las pequeñas y medianas empresas forestales. En los últimos cinco años han desaparecido 169 aserraderos, afectando cadenas productivas completas y golpeando con fuerza a territorios donde muchas veces la actividad forestal es una de las pocas fuentes de dinamismo económico. Por eso, cualquier nueva legislación debe tener un foco prioritario en los pequeños y medianos propietarios, facilitando incentivos reales para volver a forestar y recuperar la base productiva del sector.
Chile, además, enfrenta un escenario internacional cada vez más desafiante. Mientras nuestro país redujo su ritmo de forestación, naciones como Argentina, Uruguay y Brasil incrementaron su superficie forestal plantada en torno al 10%, 15% y 20% durante la última década. Esa diferencia no es menor: implica mayor disponibilidad futura de madera, más capacidad exportadora y mejores condiciones para atraer inversión.
La nueva Ley de Fomento Forestal no puede limitarse a replicar instrumentos del pasado. Debe incorporar criterios modernos de sostenibilidad, resiliencia climática y desarrollo territorial. La prevención de incendios, la restauración de suelos degradados, el manejo responsable de cuencas y la integración con mercados de carbono deben ser parte central de esta política pública.
Chile tiene una oportunidad estratégica para entender que el sector forestal no pertenece al pasado, sino al futuro. En un mundo que exige materiales renovables, construcción sustentable y economías bajas en carbono, fortalecer la forestación puede transformarse en una ventaja competitiva para el país. Pero eso requiere decisión política, visión de largo plazo y la capacidad de volver a poner el desarrollo productivo regional en el centro de la discusión.
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