En la comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue, Carabineros detuvo a tres individuos acusados de realizar tala ilegal de un árbol nativo sin contar con autorización de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El procedimiento se desarrolló en el sector Llico, localidad de Parga, tras una denuncia.
El sargento primero Cristian González Sánchez, encargado de la Patrulla Forestal y Prevención de Incendios de Carabineros, informó que los sujetos fueron sorprendidos cortando un ejemplar de hualle (Nothofagus obliqua), denominación juvenil del roble chileno.
Detalles de la detención
Los tres hombres, de entre 25 y 60 años, ingresaron a un predio privado sin ser propietarios ni contar con permisos de Conaf. Según el reporte policial, su intención era obtener madera para comercializarla en el mismo sector.
“Estas personas estaban acostumbradas a ingresar al predio para realizar leñas con estos troncos y proceder a su misma venta en el mismo sector. Manifestaron que no era el sector de ellos, por lo que de igual forma se tomó contacto ahí con la víctima, a la cual se le tomó declaración y se procedió a la detención de estas personas”, señaló González.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras se recaban antecedentes para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.
Importancia de la autorización
El sargento González recalcó la relevancia de cumplir con los trámites exigidos por Conaf, que incluyen la presentación de un plan de manejo forestal. Estas medidas buscan garantizar que la extracción de madera se realice en lugares autorizados y bajo criterios técnicos que eviten daños ambientales.
“Es fundamental que quienes requieran realizar este tipo de labores lo hagan en el marco de la normativa vigente, con autorización de Conaf, para no incurrir en delitos que terminan en detenciones”, enfatizó.
La tala ilegal de especies nativas como el roble chileno no solo constituye un delito, sino que también afecta la biodiversidad y la regeneración de los bosques. La legislación forestal vigente contempla sanciones administrativas, civiles e incluso penales para quienes incurran en estas prácticas.
Este caso refuerza la necesidad de fortalecer la fiscalización y la educación ambiental en las comunidades rurales, donde la extracción de leña sigue siendo una actividad frecuente.
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